No sé si, cuando el lector de IDEAL tenga este breve escrito ante su vista, el hecho al que aquí me refiero estará resuelto. En todo caso, y sea cual sea el momento que este asunto se resuelva, creo que da pie a que todos pensemos en el problema que plantea. Porque es un problema que nos concierne a todos. La noticia es conocida. En la cárcel de Granada, ha estado ingresado un preso, Miguel Montes Neiro, el preso más antiguo de España, que se ha pasado 35 años en prisión, sin haber cometido ningún delito de sangre. Hace más de quince días, tras el clamor popular de 50.000 personas, que firmaron una petición de indulto, en el último consejo de ministros del Gobierno anterior, fue indultado. Miguel lloraba de alegría, al igual que su familia. Por fin, después de una pena tan prolongada y severa, este hombre iba a pasar una Navidad con su familia. Pero no ha sido así. Miguel se ha pasado la Navidad en la cárcel. Y lo peor es que, hasta hace pocos días, no sabía cuándo podría salir de la prisión. ¿Por qué? En definitiva, porque la burocracia y el “papeleo”, que exige la aplicación de una decisión de este tipo, requieren su tiempo. Además, se ha dicho en Granada que el funcionario que lleva estos asuntos “estaba de vacaciones”. El hecho es que este hombre, que legalmente debía estar en su casa desde hacía más de dos semanas, siguió metido entre rejas. Y esto, precisamente, en unos días en los que todo el mundo suspira por estar con los suyos y gozar del cariño de la familia.
Lo más lógico, que a cualquiera se le ocurre, es que este hecho demuestra que la administración no está al servicio de los ciudadanos, sino que los ciudadanos estamos todos sometidos a una administración que, con frecuencia, resulta insoportable. De forma que, en lugar de facilitarnos la vida, lo que hace esta dichosa administración es que nos complica la vida hasta hacérnosla más dura de lo que ya es. ¿No sería éste uno de los grandes asuntos que - entre otros - el Gobierno tendría que resolver y resolverlo con urgencia?
Pero, si hablo aquí de esta cuestión, es porque el caso de Miguel Montes Neiro pone en evidencia los despropósitos y atropellos que produce el Derecho Procesal vigente en España, tal como, de hecho, funciona. Yo no soy experto en esta materia. Pero es que los hechos son tan clamorosos, que hasta los ciegos y los ignorantes nos damos cuenta de lo que sucede, constantemente, en la administración de justicia de nuestro país. Me limito a recordar dos casos, que ocurren con frecuencia y son bien conocidos. Dos individuos cometen el mismo delito. Pues bien, de acuerdo con las leyes vigentes, el juez manda a los dos delincuentes a la cárcel. Pero resulta que uno de los delincuentes es rico y el otro es pobre. De donde resulta que, si el juez así lo ha dispuesto, el rico paga una fianza y se va a su casa, mientras que el pobre, como no puede pagar, va derecho a la cárcel. Conclusión: los ricos tienen unos derechos de los que carecen los pobres. ¿Y luego decimos que, constitucionalmente, somos todos iguales en dignidad y derechos? Otro hecho. Los delincuentes que tienen dinero, acuden a un buen despacho de abogados que les sacan las castañas del fuego, mientras que los delincuentes, que no tienen donde caerse muertos, se tienen que apañar con un “abogado de oficio”, que seguramente será una buena persona y un profesional bien preparado, pero que también puede ser un inexperto, y que no tendrá los “medios” que se manejan en un buen despacho de abogados. Total, que el delincuente con dinero estará pronto en la calle (si es que va a la cárcel), mientras que el delincuente pobre se puede pasar la vida entera en la cárcel, como le ocurrió, hace unos años, a un preso en la cárcel de Teruel, que se murió en la prisión, después de no sé cuántos años esperando que la vista de su caso se llevara a los tribunales.
El Derecho ha sido elaborado y perfilado por quienes han tenido poder para hacerlo. Aunque cueste trabajo decirlo, es el “Derecho de los poderosos”. Y, como es lógico, los poderosos han redactado sus “derechos” de acuerdo con sus “conveniencias”. De ahí, “la profunda y creciente crisis del Derecho en que vivimos”, como ha dicho el profesor Luigi Ferrajoli. Y lo grave del asunto es que todo esto nos viene a decir que no todos estamos igualmente protegidos por las leyes. La solución sólo puede estar en la defensa efectiva de los derechos fundamentales, que serían, a juicio del mismo Ferrajoli, “la ley del más débil”. ¿No es ya hora de que todo esto se tome en serio? ¿Es que no ha llegado todavía el momento de que los pobres se sientan más seguros y más protegidos?
Y, para acabar, me pongo al parche antes de que me salga el grano. Si alguien me dice que no me meta a hablar de asuntos de Derecho, puesto que de eso no entiendo, yo le diré, al que piense eso, que con frecuencia me quedo de piedra cuando veo que de Teología hablan, opinan, dogmatizan y pontifican los que saben de eso y los que no tienen ni idea de lo que dicen. ¿Por qué de Medicina o de Derecho sólo pueden hablar los que han estudiado esas cuestiones tan complicadas? ¿Es que lo de Dios es menos complicado? Si hubiera menos teólogos y más creyentes, nos iría tan estupendamente como el día que no hicieran falta los abogados y los jueces porque todos habríamos llegado a la cima de la honestidad y la honradez. El día que eso sucediera, yo no tendría nada que decir, entre otras razones, porque las cárceles estarían vacías.