Estamos de nuevo ante un ataque sin precedentes desde la ideología gubernamental a la libertad de enseñanza en España.

Es, seguramente, la peor Ley de enseñanza de todos los tiempos. Nace sin diálogo ni  consenso con nadie, ni con los profesores, ni con la comunidad educativa ni con los alumnos ni con los padres. Sólo han dialogado con Podemos y sus consignas comunistas. De nuevo, estamos vendidos ante las contrapartidas que el gobierno ha de pagar para mantenerse en el poder a toda costa. Una ley que nace viciada de raíz porque es fruto de la ideología y la cambiará, con toda seguridad, el próximo gobierno de turno. No somos capaces de avanzar, como en los países serios de Europa, y lograr una Ley de Educación consensuada y consistente.  Una Ley que lleva al parlamento la ministra Celaá, de Bilbao, que, todo hay que decirlo, ha llevado a sus hijas  a la enseñanza concertada en su ciudad natal. Esta gente es muy “coherente.” Critican, por ejemplo, la sanidad privada pero ellos acuden a ella cuando necesitan ser atendidos, como la vicepresidenta segunda del gobierno, y lo mismo hacen con la enseñanza concertada.

Esta ley es un desastre para la educación en España y, si no impedimos que sea aprobada con todos los recursos legales a nuestro alcance, seremos el hazmerreir cultural de toda Europa en muy poco tiempo.

 Solo un ejemplo bien clarificador: Se podrá pasar de curso con suspensos. ¿Quién se sacrificará para aprender, saber y progresar, si nos van a pasar de curso igualmente aunque tengamos asignaturas suspensas?  ¿Seremos capaces así de ser competitivos con otros estudiantes de Europa? Tengo dudas de que esta ministra haya dado clase alguna vez. Se ha pasado la vida viviendo de la Política y está al margen de la realidad educativa. Porque los que hemos sido profesores sabemos bien que, sin exigir a los alumnos, es difícil que trabajen, con loables excepciones, se esfuercen y consigan sus metas.

Hay muchas otras cuestiones que preocupan especialmente porque asusta la imposición de una ley, desprecia el trabajo de los profesores, acaba con la autonomía de los centros, margina la educación especial, algo tan necesario para apoyar y  promocionar a los niños con discapacidades que son los más vulnerables de la sociedad. ¿Dónde está la preocupación social de la que siempre presumen?

No busca ciudadanos libres y críticos sino sumisos a la ideología del gobierno actual, lo que resulta inaceptable en un país democrático. Este gobierno tiene un tic totalitario sospechoso, fruto de la influencia comunista que se sienta en el Consejo de Ministros. No en vano acaban de crear el “Ministerio de la verdad” para el control de la información en España que ha puesto en guardia a todos los periodistas que aún siguen un código deontológico. Hay ya otros muchos que comen del pesebre del gobierno y están, sospechosamente,  callados hasta que les toque a  ellos el bozal. La Comunidad Europea va a investigar esta Comisión como ya hizo con el intento de querer controlar el Tribunal Supremo por parte de este gobierno que, por cierto,  tiene muchos asuntos turbios en los juzgados.

Hasta ahora la educación concertada ha sido una solución muy adecuada para respetar la libre elección de centro y la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Y ha funcionado bastante bien. ¿Qué interés hay en desmontar esto que ya funciona y crear nuevos problemas? Se lo digo yo: Imponer la ideología del gobierno y seguir las consignas comunistas: ¡”Cuanto peor, mejor”!

Acabo de hablar con una buena amiga, directora de un Instituto Público de Enseñanzas Medias de Madrid, y le he pedio que me diga en pocas palabras su opinión sobre la Ley Celaá. Su respuesta no puede ser más expresiva: “El disparate mayor. Es una ley perversa. Condena a una generación de estudiantes, que no quieren regalos en su currículo. Vulnera derechos principales y todo, a escondidas bajo un estado de alarma, que se ha provocado para hacer y, sobre todo,  deshacer a gusto de unos impresentables a los que, encima, pagamos con nuestros impuestos. Seguro que no me preguntan a qué los destinaría yo…”

Hay ya muchos padres preocupados por esta ley porque aumenta, en vez de solucionar, los problemas que tiene la educación en España. No se puede permitir que se quiera adoctrinar a los niños y jóvenes. Con esta ley se quiere marginar y suprimir la enseñanza concertada por todos los impedimentos que les van a poner. Esto no sucede en ningún país de Europa. También en esto “España es Diferente”. Menos mal que el Tribunal Constitucional les parará los pies desde la Constitución que defiende la libertad de enseñanza en España:

Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Esta Ley Celaá es la que despoja al Español de ser una lengua vehicular en España. ¿Imaginan al gobierno de Francia quitándole al Francés su condición de lengua vehicular en Francia? Esto solo pasa en España.

La oposición, lo mismo Ciudadanos que el PP, van a acudir al Tribunal Constitucional si, finalmente, esta ley es aprobada.

Muchos padres se están organizando para recoger firmas y presentarlas, cuanto antes, en el Congreso para frenar esta perniciosa ley. Puedes firmar entrando en la web: masplurales.com  Estamos a tiempo de impedir este atropello contra las libertades en España. Tengas o no, hijos, está en juego la libertad educativa en España.