El arzobispo de Cali denuncia que sufre persecución política Monseñor Monsalve: “El Gobierno colombiano me acusa de tener contacto ilegal con la subversión”

El arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, dio a conocer que el Gobierno de Iván Duque lo acusó ante la Nunciatura Apostólica de tener contacto ilegal con la subversión. Según manifestó el prelado a El Espectador el pasado domingo, la falsa versión puesta a
consideración del nuncio Luis Mariano Montemayor fue transmitida por el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, uno de los asesores del presidente.

“Es triste que en el país haya esto, cuando debería haber estímulo para que generemos esos acercamientos”, dijo el arzobispo de Cali, en rechazo a los señalamientos en su contra, refiriéndose a la mediación que junto a otros miembros de la Conferencia Episcopal de Colombia ha desempeñado hace años en favor de una salida política al conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La denuncia de Monsalve es un nuevo capítulo del conflicto entre el partido de Gobierno y el prelado. En julio el senador del Centro Democrático Gabriel Velasco le pidió a la nunciatura removerlo de su sede por sus posiciones frente a la administración de Iván Duque. Monsalve ha sido un duro crítico del presidente y lo ha señalado a él y a los sectores políticos que lo apoyan de favorecer una “venganza genocida” contra los exguerrilleros de las FARC que en 2016 firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy son más de doscientos los excombatientes asesinados.

A dichos crímenes se suman homicidios contra defensores de derechos humanos casi a diario y continuas masacres en varias partes del país, como la ocurrida entre el 9 y 10 de septiembre en plena capital, cuando miembros de la policía nacional abrieron fuego contra manifestantes durante las protestas que se desataron la semana pasada en rechazo al asesinato de Javier Ordóñez, también a manos de hombres de la institución.

El Gobierno de Iván Duque, a través de su Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sostiene que dichas protestas han sido infiltradas por el ELN. Una entre otras tesis que al arzobispo de Cali le parecen asociadas a “anacrónicas visiones del orden público y de la realidad nacional”. Con un agravante: se trata del mismo grupo con el cual el funcionario vincula a Monsalve.

Una historia de estigmatización

No es la primera vez que personas del entorno presidencial estigmatizan al prelado en
oposición a su esfuerzo por una salida política al conflicto armado con el ELN. En 2016 se
conocieron declaraciones de la senadora uribista María Fernanda Cabal que lo tildaban de “guerrillero”. Un señalamiento que hizo recordar las acusaciones sufridas a inicios de la década de 1970 por el entonces obispo de Buenaventura, Gerardo Valencia Cano.
Mal llamado “el obispo rojo”, Valencia fue un misionero javeriano de Yarumal, firmante del Pacto de las Catacumbas durante el Concilio Vaticano II, un antecedente de la opción
preferencial por los pobres por parte de sectores del episcopado latinoamericano.

Su defensa de los derechos humanos, principalmente al servicio de comunidades étnicas, primero en Vaupés y luego en el Valle del Cauca (donde actualmente desempeña su labor Darío de Jesús Monsalve), lo pusieron en conflicto con empresarios y otros sectores de la sociedad. Estos participaron de la estigmatización en su contra vinculándolo con la insurgencia, si bien públicamente el obispo siempre se manifestó contrario a cualquier forma de violencia.

Cuando en julio de este año Darío de Jesús Monsalve fue objeto de amenazas por cuenta de sus palabras sobre un genocidio en curso en Colombia, hubo masivas muestras de solidaridad hacia el prelado, entre ellas, una declaración de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico. La entidad, presidida por Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, manifestó su respaldo al arzobispo de Cali al tiempo que denunció el asesinato de 167 líderes indígenas durante el gobierno del presidente Duque. Igualmente, afirmó que la persecución del partido de Gobierno en contra del prelado ha estado orientada a “acallar su voz y deslegitimar su palabra profética, así como lo han hecho contra el movimiento social de trabajo por la paz”.

Los señalamientos del Alto Consejero para la Paz contra Darío de Jesús Monsalve aparecen mientras crece la preocupación en Colombia por la agudización de la violencia y la concentración del poder en manos del Gobierno. Actualmente la Fiscalía General de la Nación está a cargo de un amigo del presidente Duque, Francisco Barbosa; su antigua
ministra de Justicia, Margarita Cabello, fue elegida recientemente como nueva Procuradora General de la Nación; y los sectores afines al Gobierno son mayoría en el Congreso y se han hecho con la presidencia de la corporación. Un panorama que le hace temer a Transparencia Internacional que estén en detrimento las libertades ciudadanas en Colombia.