El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presenta un nuevo informe a Naciones Unidas Expertos denuncian ante la ONU: "La persecución generalizada en Nicaragua" es crimen de lesa humanidad
“El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en el presente informe y en el primer informe del Grupo. Nicaragua también debe responder por su posible responsabilidad estatal”, concluye el informe.
Los expertos señalan a la dictadura de realizar “actos ilegales” con la intención de “garantizar, mediante la violación de multitud de derechos humanos, la eliminación de cualquier amenaza que estas personas pudieran suponer”.
Además, profundizan en el análisis de los patrones de violaciones y abusos, la impunidad y las responsabilidades penales individuales, describiendo la estructura de poder organizada del Estado represivo y sus cadenas de mando.
Entre las acciones, que califican de crímenes de lesa humanidad, destacan el destierro y la apatridia en contra de 317 nicaragüenses. “Esos crímenes se perpetraron en el contexto de una política discriminatoria (...) aplicada intencionalmente desde los más altos niveles del Gobierno, lo que constituye prima facie el crimen de lesa humanidad, de persecución por motivos políticos”.
Persecución generalizada alcanza a niños y Miss Nicaragua
Entre las víctimas de Ortega y Murillo mencionan a miembros de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos: sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del Poder Judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil y movimientos políticos y campesinos.
“Todos ellos eran opositores reales o percibidos del Gobierno”, enfatizan y seguido agregan que los familiares de estos también “fueron victimizados sólo por estar relacionados con objetivos del Gobierno”.
El GHREN documentó la persecución en contra de los familiares de las víctimas del régimen, que incluyó a los niños, quienes fueron discriminados y vulnerados en sus derechos por las actividades u opiniones de sus padres.
“Los niños han sido separados de sus padres, a quienes se expulsó o prohibió la entrada en Nicaragua, y al parecer también porque a los niños se les negó un pasaporte válido para reunirse con sus padres”, denuncian.
Asimismo, menciona que “un caso que ilustra el alcance y la intensidad de la persecución actual es el de la propietaria de la franquicia ‘Miss Nicaragua’ y su familia”, criminalizados y desterrados.
“Tras las manifestaciones callejeras espontáneas en Nicaragua que celebraron la victoria de la candidata nicaragüense en el concurso ‘Miss Universo’ 2023, y durante las cuales ondearon banderas nacionales azules y blancas, a la propietaria de la franquicia y a su hija se les denegó la reentrada en su país. Desde las protestas masivas de abril de 2018, la bandera nacional se había convertido en un símbolo de oposición al Gobierno. El marido y el hijo de la propietaria de la franquicia fueron detenidos arbitrariamente y recluidos en régimen de incomunicación”, señala el Grupo de Expertos.
Recuerdan que “en un comunicado público, la policía la ‘acusó’ a ella, a su marido y a su hijo de traición, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. El 7 de enero de 2024, tras varias semanas detenidos, su esposo y su hijo fueron expulsados de Nicaragua”.
Faltan recursos y el Gobierno ignora a Expertos de la ONU
Este es el segundo informe del Grupo de Expertos, integrado por el jurista alemán y presidente del grupo, Jan-Michael Simon, experto en investigación criminal y derecho penal; la exfiscal colombiana, Ángela María Buitrago; y la abogada uruguaya Ariela Peralta Distéfano. Todos nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que trabajaron gratuitamente como expertos independientes, con el apoyo de una secretaría compuesta por funcionarios de las Naciones Unidas. El Consejo de la ONU renovó su mandato en abril de 2023, por dos años más.
El Grupo presentó un primer informe en marzo de 2023, que fue rechazado por el régimen de Ortega. Para este nuevo documento, enviaron varias comunicaciones entre el 2 de agosto y el 22 de noviembre de 2023, pero nuevamente no hubo respuesta del mandatario. Agregan que incluso le enviaron una copia del informe. “El Gobierno sigue negándose a comprometerse y cooperar con el Grupo”, lamentan.
En diciembre de 2018, la dictadura también rechazó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron expulsados tras meses de trabajo en Nicaragua.
El GHREN destaca que este informe se pudo realizar a pesar de retraso en la contratación de una parte considerable del personal de secretaría con los conocimientos necesarios y de la reducción de recursos esenciales para cumplir el mandato del grupo.
Impunidad se extendió a instancias extranjeras
En el nuevo informe, el Grupo de Expertos señala que avanzaron en la identificación de la estructura y las cadenas de mando dentro de diversas instituciones, órganos y organismos del Estado. También, en la identificación de los presuntos autores directos de violaciones, abusos y crímenes. “El Grupo identificó que el presidente (Ortega) y la vicepresidenta (Murillo) dan órdenes e instrucciones –directamente o a través de asesores de confianza– a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos contra opositores reales o percibidos y sus familiares”, afirman.
Secuencia gráfica de la estructura de poder del Estado represivo de Nicaragua
Los expertos sostienen que el Estado de Nicaragua es “responsable de violaciones y abusos graves, sistemáticos y generalizados de los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional por motivos políticos”.
Entre estas violaciones está incumplir “sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961”.
“Nicaragua viola, en particular, el artículo 9 de la Convención, que establece la prohibición absoluta de que los Estados Partes priven a una persona, o a un grupo de personas, de su nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos, prohibición que puede considerarse una obligación erga omnes partes”, detallan.
También señala que el Estado “ha puesto en marcha y aplicado un plan o una política encaminados a reprimir cualquier forma de disidencia atacando a opositores reales o supuestos con el fin de mantener el poder”.
El Grupo reitera que la “instrumentalización de todos los poderes del Estado”, especialmente del Poder Judicial, ha impedido que se inicien procedimientos contra los autores de la represión. Más bien, los ha protegido de la rendición de cuentas con la ley de amnistía, aprobada en junio de 2019.
Asimismo, agregan que la impunidad se extiende a casos presentados ante jurisdicciones extranjeras. Tal como ocurrió con el asesinato de la estudiante brasileña Raynéia Lima porque el Ministerio Público brasileño dijo a los abogados de la madre de Lima “que el Gobierno de Nicaragua se había negado a acceder a la solicitud de asistencia jurídica internacional de las autoridades brasileñas”, quienes pidieron ver el expediente del responsable de su muerte. La razón fue porque el culpable salió bajo amnistía.
Negaron ingreso a 145 nicaragüenses, y señalan delitos
Los expertos documentaron 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país. Este acto muestra un patrón de violación que vulnera el derecho a la libertad de circulación y a la libre elección de residencia, y a su vez, deja a las víctimas condiciones de gran vulnerabilidad similares a las que provoca la apatridia.
“La práctica del Estado nicaragüense de negar a sus nacionales la entrada en el territorio de su país de nacionalidad también puede constituir una violación del principio de derecho internacionalsegún el cual un Estado no puede negar a sus propios nacionales el derecho de entrada o de residencia”, explican.
Además, no solo fueron desterrados, sino que también fueron despojados de sus derechos cívicos y políticos “y sufrieron numerosas violaciones de sus derechos sociales y económicos, todo ello mientras se encontraban fuera de Nicaragua en un estado ya de por sí vulnerable”.
Más de 600 víctimas confirman violaciones y abusos
El Grupo de Expertos señala que pudo reunir, corroborar y analizar información y pruebas para establecer hechos y circunstancias de graves violaciones a derechos humanos, a pesar de la falta de cooperación del Gobierno de Ortega y “de las preocupaciones cada vez mayores por la seguridad de las víctimas, los testigos y las fuentes de información”.
En el proceso hicieron 642 entrevistas a las víctimas de la represión estatal. Algunas de estas se hicieron a distancia, pero hubo 11 hechas “sobre el terreno”. El GHREN también examinó cientos de fuentes secundarias para corroborar y contextualizar la información recopilada. Y aseguran que evaluaron “rigurosamente estas fuentes para determinar su fiabilidad”.
También entrevistaron a 73 de los 222 excarcelados políticosque fueron desterrados a Estados Unidos. “Todas las víctimas corroboraron los patrones de maltrato detallado en el primer informe del Grupo, que, en muchos casos, alcanzaron el umbral de la tortura”.
El grupo de la ONU identificó una lista de 20 violaciones y abusos que perpetró la dictadura en contra de los opositores y personas que lo parecían, estos son 20 de los derechos violados, los últimos tres contra los derechos de la niñez:
- No discriminación
- Derecho a no ser sometido a tortura
- Libertad y seguridad personales
- Juicio justo y garantías procesales
- Recurso efectivo
- Libertad de circulación
- Derecho a una nacionalidad
- Reconocimiento de la personalidad jurídica
- Derecho a no ser objeto de injerencias en la vida privada y familiar
- Libertad de opinión y expresión
- Libertad de conciencia y religión
- Reunión pacífica
- Libertad de asociación
- Participación en los asuntos públicos
- Educación y libertad académica
- Trabajo
- Seguridad social y nivel de vida adecuado
- A no ser objeto de discriminación de ningún tipo, independientemente de la opinión política o de otro tipo del niño o de sus padres;
- A preservar su identidad, incluida la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, sin injerencias ilícitas;
- A no ser separado de sus padres sin revisión judicial y sin el debido proceso.
