"Responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018" Silvio Báez, el obispo exiliado de Nicaragua, pide procesar a Daniel Ortega y Rosario Murillo
“Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad y desvergüenza han reprimido al pueblo de Nicaragua, la exigencia de justicia es mayor y más urgente”, demandó Báez tras referirse a un informe emitido por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua
“Cada uno de ellos debe ser procesado y pagar por sus crímenes”, sentenció el religioso, quien reside en Estados Unidos y a quien las autoridades declararon “traidor a la patria” y despojaron de su nacionalidad en febrero de 2023
| RD/Efe
El obispo auxiliar de Managua y exiliado, Silvio Báez, pidió procesar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, así como a otros 52 altos cargos por ser “responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018”.
“Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad y desvergüenza han reprimido al pueblo de Nicaragua, la exigencia de justicia es mayor y más urgente”, demandó Báez tras referirse a un informe emitido por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.
El obispo Báez, a quien el papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, consideró que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, junto a Murillo y los altos cargos, “demasiado dolor, humillación y muerte han provocado” en el país centroamericano.
“Cada uno de ellos debe ser procesado y pagar por sus crímenes”, sentenció el religioso, quien reside en Estados Unidos y a quien las autoridades declararon “traidor a la patria” y despojaron de su nacionalidad en febrero de 2023.
La lista parte de un informe de 234 páginas incluye autoridades como el jefe del Ejército, Julio César Avilés, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el director general de la Policía, Francisco Díaz, o el titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Las personas citadas, según el grupo de expertos, habrían desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y de medios de comunicación, así como otros delitos que en algunos casos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
