Este miércoles continúa el Juicio contra el coronel salvadoreño Inocente Montano por la matanza de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuria, en El Salvador, sesiones que esta semana serán celebradas por la Audiencia Nacional esta semana los días 8,9, y 10 de julio, y la otra semana hasta el 16 de julio, por la tarde, en razón de la diferencia horaria con aquel país, dado que algunos testigos residen allá. La Causa es laS 97/10 JCI 6 SEC 2 y su epígrafe “Asesinato terrorista jesuita Ignacio Ellacuría y otros”.

  Los jesuitas asesinados fueron Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. El juicio se celebrará en la Sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. Las sesiones van a ser retransmitidas en directo por ETB la Radio Televisión Vasca. Entre los testigos que declararán están el ex teniente René Yusshy, la única testigo ocular de los hechos, Lucía Barrera, que vive y los dos fiscales que llevaron el caso en El Salvador.

 En prisión preventiva y de momento único acusado se encuentra el ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de la República de El Salvador Inocente Orlando Montano por su presunta participación en los asesinatos. Había cumplido el tope legal preventivo que le correspondía, pero en diciembre pasado la Audiencia Nacional dictó prolongándola cárcel por dos años más basándose en la gravedad de los delitos por los que va a ser juzgado, cinco asesinatos de carácter terrorista, por los que el Ministerio Fiscal solicita en su escrito de calificación la pena de 30 años de prisión por cada uno de ellos, “lo que supone una pena de extrema gravedad, debiéndose tomar medidas preventivas y aseguratorias del buen fin del proceso acorde con la misma”. Montano fue detenido en Estados Unidos y extraditado a España.

El total de las sesiones del juicio son 10, repartidas entre el 8 de junio y el 16 de julio.  Inocente Orlando Montano en su primera declaración en estrados que sólo aceptaba contestar las preguntas de su letrado. Centró su declaración en reiterar que sus competencias se hallaban circunscritas a “tareas administrativas de asesoría de la seguridad pública”, ligando su control exclusivamente a los “cuerpos de seguridad policiales” y marcando distancias con respecto a las fuerzas militares, a pesar de haber reconocido que formaba parte del Alto Mando y de la Tandona.

Respecto a las víctimas, Montano, afirmó que “no tenía nada contra el licenciado Ellacuría”; para, a continuación, señalar a los padres jesuitas y a la Universidad Centro Americana como los orquestadores del golpe de Estado de 1979 contra el general Francisco Romero, manifestando que estos habían adoctrinado a jóvenes estudiantes universitarios y que les habían convencido para que se alzaran contra el gobierno militar. Así mismo, en una afirmación que produjo estupor en la Sala, el Sr. Montano responsabilizó directamente al padre jesuita Jon Sobrino de entrenar a menores para la guerrilla del FMLN.

Con respecto a su supuesta participación en los hechos delictivos que culminaron en el asesinato de los padres jesuitas, su empleada doméstica y la hija de esta,  Inocente Orlando Montano negó cualquier contribución a los mismos. El acusado mantuvo que los autores del homicidio habían sido efectivos militares, vinculados al , y bajo las órdenes directas del coronel Emilio Ponce, entonces jefe del Estado Mayor, al que atribuyó la íntegra responsabilidad de los crímenes. Para justificar la incursión de los soldados del batallón Atlacatl en la residencia de los padres jesuitas dos días después de haberla registrado, el excoronel Montano se limitó a señalar que “había un grupo del FMLN en la UCA” y se mandó a efectivos militares para matarlos.

En la tercera sesión, celebrada el 11 de junio, declararon  los miembros de dos delegaciones que el Congreso de los Diputados de España envió a El Salvador en noviembre de 1990 y septiembre de 1991 para  informarse sobre el proceso judicial iniciado en El Salvador para determinar quiénes eran los responsables de la muerte de los jesuitas. Los testigos confirman que se trató de una operación militar con participación y dirección del alto mando castrense. En concreto, todos manifestaron que con anterioridad a la perpetración de los delitos tuvo lugar una reunión del Alto Mando, en la cual, estuvieron presentes el Ministro de Defensa, el coronel Larios; sus dos Viceministros, los coroneles Zepeda y el acusado, D. Inocente Orlando Montano, así como, el Presidente de El Salvador, D. Alfredo Cristiani. Según D. Manuel García Fonseca, esa reunión fue decisiva y decisiva porque “en ella se decidió asesinar a los jesuitas de la UCA”.

Los hechos

 El 16 de noviembre de 1989, una unidad de élite del Batallón Atlacatl accedió al Centro Pastoral de la Universidad de América Central (UCA) en San Salvador. Los soldados agredieron a seis sacerdotes jesuitas que vivían allí y los ejecutaron en pijama, uno por uno, con un disparo AK-47 en la parte posterior de la cabeza. Según las órdenes de "no dejar testigos", también asesinaron a la cocinera de los jesuitas y a su hija de 16 años, quienes fueron encontrados acostados juntos en "un abrazo lleno de balas".

 El hecho cabe enmarcarlo en la guerra civil de El Salvador (1979-1992) en que el ejército salvadoreño desplegó escuadrones de la muerte y batallones de comando en todo el país, que cometieron crímenes como el asesinato del arzobispo Oscar Romero mientras celebraba misa. Sólo a al batalló citado se le atribuye más de mil muertos.

 A raíz de los asesinatos de los jesuitas, una amplia coalición de activistas de derechos humanos, abogados y agencias, entre ellos las familias de los sacerdotes, la orden jesuita e investigadores de la ONU y la OEA, iniciaron una campaña para que se hiciera justicia, se averiguara la verdad de lo ocurrido y se penalizara a los responsables que dieron órdenes contundentes y enérgicas de matar a todos los “elementos subversivos” y contrarios al régimen.

 Uno de los objetivos más marcados para ser eliminado fue el P. Ignacio Ellacuria, Rector de la UCA, quien, con los otros jesuitas, mediaba entre el Gobierno y la guerrilla para que terminara la guerra. Perpetrado el atentado, lo disfrazaron como obra de los rebeldes.

  Se montó un juicio paripé en San Salvador por la presión internacional, donde fueron absueltos la mayoría de denunciados, siendo condenados solamente el coronel Benavides y el teniente Yusshy a 30 años de prisión, pero en 1993  el gobierno de Alfredo Christiani dictó una ley de amnistía, quedando en libertad.

 En 2006, la abogada española Almudena Bernabeu inició gestiones para reclamar justicia sobre este caso en España. En 2008, la Asociación Española de Derechos Humanos urgió el juicio,  porque cinco de los asesinados eran españoles. En 2011, el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional,  abrió procedimiento y encartó a 20 oficiales militares salvadoreños, ordenando a la Interpol su detención. Los tribunales salvadoreños se opusieron a la acción judicial española.

 Sólo pudo ser detenido el coronel Montano, quien vivía en Everett, Massachusetts. Donde fue arrestado en 2011. En 2016, España pidió a EEUU su extradición por terrorista. En 2017, fue entregado a España y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión. El juicio comenzó días antes de declarare el estado de alarma por la pandemia y ahora se reanuda.

 Entre los comparecientes, conocedores directos de lo sucedido están: el teniente Yusshy Rene Mendoza, quien ha pactado contarlo todo y a cambio de librará de cualquier pena, pus acude como testigo de cargo por la acusación particular. Declararán la ama de llaves Lucia Cerna y funcionarios de EEUU, que conocen lo sucedido en El Salvador, dado que fue dicho país quien alentó las acciones de los militares, entrenándoles y apoyándoles.

 Con la letrada mencionada se encuentra el Centro Guernica para la Justicia Internacional, fundado por ella en 2017 como acusación particular, junto al Ministerio Fiscal. Y toda la familia Jesuita. Quieren saber la verdad y que los responsables paguen por ello.