La Fiscalía archivó las diligencias por prescripción de los delitos Roma aparta del sacerdocio a un cura de Girona acusado de abusos, y le obliga a pedir perdón a sus víctimas

Mossen Tomás Pons
Mossen Tomás Pons

Tomàs Pons, de 91 años, y que durante 33 años fue párroco de Vilobí d’Onyar y 29 del colegio Bell-lloc de Girona, de alumnado masculino, pudo abusar de decenas de víctimas

La diócesis "ha informado a las víctimas de las medidas acordadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe", al tiempo que "renueva, una vez más, su condena a cualquier tipo de abuso, en línea con el pensamiento y la praxis del papa Francisco"

El sacerdote de Vilobí d’Onyar (Girona) Tomàs Pons acusado de presuntos abusos sexuales no podrá ejercer su ministerio, ni mantener relación alguna con menores tampoco visitar las poblaciones donde ha ejercido, además, deberá residir donde determine el obispo, según las medidas anunciadas este lunes.

Estas son algunas de las medidas que ha dado a conocer el Obispado de Girona con relación a este sacerdote, que ha sido acusado por vecinos y exalumnos de la escuela Bell-lloc de supuestos abusos.

El Obispado ha recordado que había trasladado este caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, a la vez que presentó copia a la Fiscalía de Girona, que “respondió archivando las diligencias por prescripción”.

Prohibición total del ejercicio público

El pasado 7 de agosto, la Congregación resolvió imponer al sacerdote “la prohibición total del ejercicio público del ministerio, de administrar el sacramento de la penitencia, de mantener cualquier tipo de contacto con menores, y de visitar las poblaciones donde ha ejercido su ministerio”.

Fachada de la parroquia

Además, el capellán tendrá la obligación de residir “donde determine el obispo diocesano, de llevar una vida de penitencia y oración y de pedir perdón a las víctimas”.

El obispo de Girona ha comunicado “personalmente al capellán estas medidas y ha dispuesto que se haga un seguimiento de su ejecución y cumplimiento”, además de informar a las víctimas.

El Obispado de Girona ha renovado su “condena de cualquier tipo de abuso, en línea con el pensamiento y la praxis del papa Francisco”, se afirma en el comunicado.

Abusos durante décadas

El pasado 4 de febrero, la comisión diocesana del Obispado de Girona empezó a trabajar en la investigación sobre los presuntos abusos sexuales que habría cometido durante tres décadas Tomàs Pons, quien fue 33 años párroco de Vilobí d’Onyar y 29 del colegio Bell-lloc de Girona, de alumnado masculino.

Los miembros de esta comisión recogieron el testimonio de algunas de las víctimas y del párroco denunciado, de 91 años, así como de personas relacionadas con los hechos, como exalcaldes, en total una quincena.

Por su parte, la diócesis comunicó que "se ha informado a las víctimas de las medidas acordadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe", al tiempo que "renueva, una vez más, su condena a cualquier tipo de abuso, en línea con el pensamiento y la praxis del papa Francisco".

Lectura del comunicado del Obispado de Girona
Lectura del comunicado del Obispado de Girona

Comunicado del Obispado de Girona

En relación con el caso sobre el sacerdote Tomàs Pons i Caulús, el Obispado de Girona quiere informar de lo siguiente:

El 29 de marzo de 2019 el Obispado de Girona envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede las actas de la investigación previa relativa al sacerdote Tomàs Pons i Caulús. Al mismo tiempo, presentó copia a la Fiscalía de Girona, que respondió archivando las diligencias por prescripción.

Durante este tiempo, el Obispado de Girona se ha interesado, personalmente y por escrito, ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el estado de esta investigación. A la vez, ha mantenido contacto con los denunciantes.

El 7 de agosto de 2019 la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de estudiar detenidamente las actuaciones efectuadas, ha resuelto imponer al sacerdote Tomàs Pons las siguientes medidas canónicas: la prohibición total del ejercicio público del ministerio, de administrar el sacramento de la penitencia, de mantener cualquier tipo de contacto con menores y de visitar las poblaciones donde ha ejercido su ministerio; y la obligación de residencia donde determine el obispo diocesano, de llevar una vida de penitencia y oración, y de pedir perdón a las víctimas.

El obispo de Girona ha comunicado personalmente al sacerdote estas medidas, y ha dispuesto que se haga un seguimiento de la ejecución de éstas y de su cumplimiento. Asimismo, se ha informado a las víctimas de las medidas acordadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Obispado de Girona renueva, una vez más, su condena a cualquier tipo de abuso, en línea con el pensamiento y la praxis del papa Francisco.

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