El Ejecutivo entregará el informe al Congreso antes de que concluya 2020 Luis Argüello, sobre las inmatriculaciones: "El Gobierno dice que se cumplió la legalidad y que sí así no fuera sería también responsabilidad de los Registros"
Inquietud en el Episcopado por que el Ejecutivo saque la cuestión de la fiscalidad, cuando "esos temas están en el guión, pero aún no hemos dialogado", tal y como confirma el portavoz a RD
El grueso de las conversaciones ha girado en torno al listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, aspecto en el que los obispos están muy tranquilos. Al parecer, las propiedades susceptibles de ser recurridas ante la Justicia son "residuales". "Si hubiera algún conflicto respecto a alguno de los 34.000 inmuebles hablaríamos", revela Argüello
El Gobierno ya trabaja con la Iglesia en un "grupo de trabajo" para abordar cuestiones económicas y de fiscalidad, tal y como informó ayer en el Senado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, en una respuesta a Carles Mulet, que ha sido recibida con cierta perplejidad en el Episcopado.
¿Por qué? Porque aunque "esos temas están en el guión, aún no hemos dialogado", recalcó, a preguntas de RD el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. En su respuesta, Montilla apuntaba al modo de "implementar" las recomendaciones del Tribunal de Cuentas como objetivo principal de dichos encuentros. Sin embargo, como afirma el portavoz de la CEE -y obvió el responsable gubernamental-, "hemos empezado por las inmatriculaciones".
Entrega del listado "este mes"
Como adelantó RD, el Gobierno ya tiene finalizado el informe final sobre las inmatriculaciones, que ya debía haber enviado al Congreso de los Diputados, como es preceptivo. Según ha podido confirmar esta web, el Ejecutivo ha indicado a los obispos que el listado se entregará "en este mes", a lo sumo, en diciembre.
"A partir de ahí, si hubiera algún conflicto respecto a alguno de los 34.000 inmuebles hablaríamos", recalca a RD Argüello, quien confirma que los representantes del Gobierno "reconocieron que se cumplió la legalidad y que sí así no fuera sería también responsabilidad de los Registros".
El tema, más allá de la legalidad, parece ser una cuestión "reputacional", de impacto en la opinión pública y, especialmente, de las repercusiones mediáticas. Como han apuntado fuentes de los dos organismos (Administración y Episcopado) a RD, los bienes inmatriculados que podrían estar en conflicto son muy pocos. La Iglesia, que aún no ha tenido acceso al registro, sí ha podido comprobar, en sus propios informes, cómo las propiedades que puedan ser susceptibles de recurso ante los tribunales son "residuales".
Por tanto, el grueso de las conversaciones no gira en torno al Tribunal de Cuentas ni a si la Iglesia debe o no justificar sus superávits o sus inversiones en TRECE (al menos, por el momento), sino al impacto "reputacional" de la polémica de las inmatriculaciones. Un tema en el que, como ya apuntaron Argüello y Barriocanal el pasado viernes, durante la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria, los obispos están "muy tranquilos".
