Las asociaciones que luchan contra las inmatriculaciones exigen saber ya los bienes registrados por la Iglesia Jorge García, Recuperando: "La Iglesia católica es la mayor propietaria de bienes e inmuebles de España"

“A nosotros no nos han dicho nada”. Jorge García es el responsable de Recuperando, la plataforma que lleva dos décadas luchando por la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia. El anuncio de RD de que el Gobierno envía en estos días al Congreso el informe del Colegio de Registradores sobre los bienes inmatricucados entre 1998 y 2015 ha servido para confirmar el ninguneo del Gobierno hacia estos colectivos, que no fueron recibidos ni por la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la anterior legislatura, ni con la vicepresidenta Calvo, en la presente.

Cuando se conozca el contenido del informe, ¿con qué nos vamos a encontrar?

Dos cosas. Primero conoceremos el período 98-2015, de la reforma Aznar al 2015, pero intuimos que estos dos años que el Gobierno no ha querido/podido devolver al Parlamento ese listado haya servido para que la jerarquía católica haya blanqueado o anulado inscripciones registrales que podrían ser bastante graves.

¿Tenéis pruebas de eso?

Es por un tema de cálculo. Cuando hay un impass, igual que se produjo en Zaragoza en San Juan de los Panetes y descubrimos que era propiedad del Estado español, en estos dos años se han dado temas similares. Estando sobre aviso los han podido blanquear, volver a la situación inicial y que en este listado no aparezcan.

Se habla de 35.000 bienes. ¿Es una cifra ajustada a la realidad?

No, sobre todo si hablamos de los bienes enajenados desde la llegada de la democracia. No vamos a hablar de todos los inmuebles registrados desde la Ley Hipotecaria de 1946, pero desde 1978... En un debate que mantuvimos hace meses en la SER, Giménez Barriocanal reconoció que podía haber entre 30.000 y 40.000 bienes. Ya lo sabía. Y se estaba refiriendo exclusivamente al periodo 1998-2015. Del 78 al 98... Y hay ejemplos: En Zaragoza, oficialmente, no hay registrada ninguna matriculación. ¿Por qué?  Porque Elías Yanes inmatriculó todo: campos, terrenos de regadío, casas pectorales, iglesias, basílicas, las dos catedrales... en los años 85 y 87. Sí tenemos constancia que se ha hecho. Repito, es muy determinante, porque podría haber un paquete mucho más importante de inmatriculaciones que estarían en fraude de ley, al menos desde que Europa habló en 2001.

¿Podría obligarse a publicar los bienes inmatriculados desde 1978?

Hay que ahondar con una nueva Proposición no de Ley. Desde que entramos en democracia, queda claro y patente que hay un artículo constitucional 16,3, que dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. No hay pase constitucional para que un obispo diocesano tenga la potestad que tiene el Estado de poner bienes a su nombre con un autocertificado.

¿Cuáles van a ser vuestros siguientes pasos?

Cuando conozcamos el registro, primero los estudiaremos y haremos una investigación, por listado y tipo de bienes. Se le dará máxima publicidad para que todos se den por enterado, por si pueden emprender acciones legales.

Y, después, le volveremos a decir al Gobierno que se deje de conversaciones privadas o mesas camillas de la vicepresidenta con el cardenal Parolin, Osoro u Omella, y que se atengan a donde reside la soberanía nacional, el Parlamento. Con absoluto respeto a las creencias: aquí tratamos de revertir un proceso inmobiliario que ha hecho que la Iglesia católica española sea la mayor propietaria de bienes e inmuebles en el territorio nacional. No es una campaña anticlerical, ni mucho menos.

¿Cómo calificáis la actitud del Gobierno estos dos años?

Nadar y guardar la ropa, con bastante cobardía. Si el PSOE en el Parlamento impulsa la proposición no de ley, nos parece raro que el Gobierno socialista no lo haya querido ejecutar. Han ido en contra de lo inicialmente propuesto. Eso se le llama cobardía o ganas de no meterse en líos. O, lo que suponemos: vamos a cerrar o intentar cerrar este tema con negociaciones bilaterales, con el propio Vaticano o la CEE.

En Cataluña sí se ha abierto la investigación por parte de la Generalitat...

Es encomiable. Dentro de nuestras redes, nadie había tocado el tema en Cataluña. Hubo un momento en que Unidad de Payesos lo mueve, y el Sindic de Greuges elabora un listado, y Generalitat lo tiene en agenda y propone soluciones de mediación, y en determinados casos llegar a los tribunales de la Justicia.

La Iglesia está muy tranquila de cara a una posible demanda...

Nosotros abogamos por una causa legislativa general, para declararlas constitucionalmente ilegales, por inconstitucionalidad sobrevenida desde el año 1998. Sería una solución en el ámbito legislativo. En cuanto a los pleitos vamos a ver: en  poblaciones pequeñas, los bienes públicos no se pueden usucapir. Ermitas o terrenos comunales que se haya podido quedar la Iglesia, el Ayuntamiento podría pedir revertir la situación.

¿’Devolver’ iglesias al pueblo no supondría un ataque a la libertad religiosa?

No pasaría absolutamente nada, todo seguiría igual. Hay dos ejemplos. 1905: ley de separación Iglesia-Estado en Francia. Los grandes monumentos son patrimonio del Estado francés, el usufructo es para la Iglesia católica. Nunca vamos a discutir el culto católico, eso lo tienen, es innegable.

Segundo ejemplo: Portugal, concordado de 1940 (con el dictador Salazar). Hay un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado portugués por el que el patrimonio es del Estado de Portugal, pero el usufructo lo tiene la Iglesia. Son nuestros vecinos. Todo seguiría igual, nadie notaría nada. El legado histórico-artístico tiene que quedar como dominio público, y la función de un templo, pues la que determine la confesión religiosa.

¿Sois optimistas de cara al futuro?

De momento, queremos tener voz. Las organizaciones que componemos Recuperando, que somos muy diversas, hemos solicitado una reunión con Dolores Delgado, y no nos recibió; hemos pedido a Carmen Calvo, no nos ha recibido... Los que sacamos todo el tema de inmatriculaciones no pintamos nada.

No nos vamos a quejar: hemos apostado por esto sin buscar medallas ni recompensas. La solución pasa por tener coraje político. Sin crispar, sin que se monte con este guirigay un tema religioso o anti-religioso. Repito: no hay que hacer nada raro, solo revertir una situación patrimonial anómala, alegal y que ha beneficiado a la CEE con una norma franquista que no tiene un pase constitucional, pero la Iglesia podría seguir utilizando los bienes, que serán de dominio público.

Donde cabría más problema es en los casos en que se han quedado montes públicos, terrenos, etc... y han hecho negocio, y los han vendido. Eso son negocios que son muy pocos cristianos. Ahí cabría hablar de robo.