El Gobierno podría suprimir la fundación que sostiene Cuelgamuros El PSOE reformará la Ley de Memoria Histórica para cerrar el Valle y todos los lugares donde se exalte a Franco

Si hay Gobierno, el Partido Socialista cerrará el Valle de los Caídos. O, al menos, podría hacerlo. Con el mausoleo franquista y con todos los lugares donde se comprueben exaltaciones a la dictadura o los fascismos, según una proposición de ley que acaba de registrar en el Congreso de los Diputados y que modificaría la Ley de Memoria Histórica.

Dicha propuesta consideraría "infracción muy grave" cualquier enaltecimiento o conmemoración del dictador, algo que sucede cada 20 de noviembre en Cuelgamuros. De aprobarse, la normativa iría más allá de la Ley de Memoria Histórica de 2007, y podría cerrar de seis meses a dos años cualquier recinto donde exaltara a Franco.

Cierre temporal

En concreto, la ley, en su artículo 16, anuncia sanciones a "locales o establecimientos públicos donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración [...] del dictador Francisco Franco". Entre las sanciones que se anuncian están el “cierre temporal” de los citados lugares en un período entre seis meses y dos años.

Esto afectaría al Valle de los Caídos donde habitualmente, y en especial los 20 de noviembre, se celebran actos religiosos para homenajear la figura de Francisco Franco. Según el partido del Gobierno, el objetivo de esta Ley es “desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo”.

El texto incluye, además, cambios en referencia al Valle, añadiendo tres puntos que buscan facilitar la exhumación de las víctimas y su reparación moral y añade, en un artículo, que no podrá ser inhumado en ningún lugar de acceso público y, por tanto, tampoco en la Catedral de la Almudena.

Al mismo tiempo, el Gobierno propone que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos —creada por Franco en 1957— sea extinguida cuando entre en vigor el real decreto que aprobará el Gobierno para articular el nuevo marco jurídico de la institución, que vive en un limbo jurídico desde hace casi cuatro décadas, cuando fue intervenida por Patrimonio Nacional, tal y como informa El País. 

Así, el Ejecutivo anulará el decreto ley de 1957 que creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la que asignó la gestión de todos los edificios que integran el polémico conjunto, tal y como diseñó Carrero Blanco, ministro de la Presidencia entonces. La derogación de este punto anulará el limbo jurídico en el que se encuentra Cuelgamuros desde 1982, cuando la fundación fue intervenida y pasó a ser administrada “temporalmente” por Patrimonio Nacional.

No rinde cuentas públicas

La fundación no tiene funciones, nació para estar al servicio del franquismo y “en estos momentos es una figura de paja”, comentaba a El País en febrero Carlos García de Andoin, secretario de la comisión de expertos que en 2011 elaboró un informe sobre el monumento, a petición del entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.

La fundación existe solo sobre el papel, dado que tiene entidad jurídica, pero no funciones. Ya en 2013 el Tribunal de Cuentas reclamó la regulación “completa y precisa” del régimen jurídico porque la fundación carece de estatutos, de protectorado que la controle, de un patronato que la gestione y de una misión declarada. Tampoco rinde cuentas.

Patrimonio Nacional se ocupa de ella desde que el Gobierno de Felipe González planteó la transferencia de las funciones de conservación y mantenimiento del monumento y la gestión de las visitas sin disolver la fundación. Con su anulación, el Gobierno podrá acometer la resignificación del espacio como un monumento en memoria de las víctimas del franquismo, como apuntaron aquellos expertos en 2011.