Recuperando, contra el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y el cardenal Omella Las asociaciones denuncian el "inaceptable apaño" Gobierno-Iglesia para "legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes inmatriculados por los obispos"

Un "inasumible y escandaloso apaño, pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Iglesia católica para legalizar la apropiación de casi cien mil bienes inmatriculados por los obispos a su nombre". Desde la coordinadora Recuperando, que aglutina a una treintena de organizaciones que luchan por la devolución de los bienes al patrimonio público, el acuerdo suscrito ayer entre Pedro Sánchez y Juan José Omella ha sentado a cuerno quemado.

Y no porque no lo esperaran. "Ya denunciamos que nos estaban dejando de lado, y que había algún tipo de negociación oculta Los hechos nos han dado la razón", sostiene a RD Jorge García, uno de los responsables de la plataforma. Otro de sus portavoces, Antonio Manuel Rodríguez, denuncia que, con este pacto, el Ejecutivo legitima las tesis de los obispos, que sólo conceden "la migajas", apenas un 3% de los 35.000 bienes incautados entre 1998 y 2015 merced a la 'ley Aznar'. 

Una estafa inmobiliaria

"El Gobierno más progresista de la historia está convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia", lamentan desde Recuperando, que denuncian cómo, con decisiones como la de ayer, edificios emblemáticos como la mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aagón o el arte prerrománico asturiano, "integrantes del valioso legado cultural" del Estado, seguirán en manos de la Iglesia. 

"El Gobierno incumple así su compromiso programático, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente Sánchez en su investidura, cuando anunció que promovería una reforma legislativa para 'revertir las inmatriculaciones' practicadas por la Iglesia católica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional", recalca la plataforma, que insiste en que "el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía fiscal para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad".

Inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida

Pese a todo, Recuperando apunta que "por primera vez, la Iglesia admite que se apropió de casi mil bienes que no eran suyos", aunque en ningún momento del documento aparece el término 'devolución'. Esto "pone de relieve a las claras que el privilegio inmatriculador que ha usado durante décadas le proporcionaba una ventaja sin garantías jurídicas y manifiestamente arbitraria".

Por ello, la plataforma continúa reclamado "la nulidad de todas las inscripciones episcopales por inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida", algo que, con el pacto Gobierno-Iglesia de ayer, parece muy lejano. Paralelamente, las organizaciones patrimonialistas reclamarán "una reforma legislativa de la Ley de Patrimonio Histórico para identificar, sin ningún género de duda, qué bienes del legado cultural tienen la consideración de dominio público y deberían, por tanto, ser protegidos de manera especial y salir fuera del tráfico mercantil", tal y como sucede en Francia o Portugal.

Finalmente, Recuperando lamenta "la exclusión en las negociaciones de todas las asociaciones patrimonialistas que, desde hace 15 años, vienen trabajando para la recuperación del patrimonio inmatriculado indebidamente por la Iglesia. Y anuncia que seguirá reclamando un solución justa y constitucional a este expolio patrimonial sin precedentes".

Un pacto al margen de la soberanía nacional

Para Jorge García, se trata de "un pacto al margen de la soberanía nacional", en el que el Gobierno "ha optado por las conversaciones con la Iglesia, con opacidad". Al tiempo, recuerda que "nos fijamos exclusivamente en el listado elaborado en 1998, pero en el 78 ya estábamos en democracia, y en esos 20 años no hay listado ni nada, suma y sigue. Nos podríamos remontar al 46, y la cuadratura del círculo sería perfecta".

A su vez, denuncia cómo "hay 122 bienes que han vendido, que se inmatricularon de manera irregular, con la potestad de la autocertificación, y luego se ha vendido. Esta salida no arregla nada, y es más, descubre todas las vergüenzas que llevamos denunciando tiempo". Para el responsable de Recuperando "este es un apaño que no nos convence, es precisa una modificación legislativa, que se negocie con luz y taquígrafos, no esta componenda", concluye.