Dicen los creyentes que tienen derecho... Nadie les ha privado de ello. Tampoco se les ha privado del derecho a pensar, pensar no en lo que dicen sus ofendidos jerarcas sino en lo que puedan decir los demás. ¿Se han parado a pensar en los derechos que puedan esgrimir quienes no comulgan con sus credos?

Parece inadmisible en una sociedad con suficiente cultura, avanzada, humana, racional, la impúdica exhibición religiosa que todo lo inunda, el encontrar símbolos religiosos por doquier que no son sólo "arte" ni algo inocuo sino compulsión a creer.

• Imágenes y referencias sacras en recintos de la administración pública, tribunales de justicia, cuarteles del ejército, escuelas privada y públicas;

• nombres de santos denominando miles de vías públicas;

• representantes electos compelidos a presidir actos religiosos;

• ciudades y pueblos que no tienen otras festividades más que las religiosas;

• monumentos píos recortando y colonizando el paisaje;

• actos de bendecir centros y objetos de trabajo;

• acuerdos con el Estado Vaticano que superan holgadamente los términos ecuánimes de reciprocidad;

• financiación por acción o por omisión de edificios, residencias, trabajo, etc. con dinero público, dinero que es de todos, crédulos o racionales...

¡Y dicen sentirse coartados!

Todo ello va contra la Constitución, "de iure y de facto". Gracias a eso sus jerarcas imponen la tiranía fáctica de las creencias, además de la parafernalia de sus ritos.

Lo que muchos piden es que se aplique la legalidad. ¿Dicen que eso va contra la credulidad? En modo alguno.

Frente a las sociedades institucionalizadas de la credulidad (que no contra), y siempre en la legalidad más estricta, hay que movilizarse desarrollando toda una batería de recursos legales, públicos, oficiales, administrativos, de prensa, radio, televisión, internet y de cualquier tipo que se descubra para denunciar situaciones de privilegio, prerrogativas de clase, enchufismos exenciones, inmunidades, fueros... más propios de sociedades feudales que democráticas.

Como ejemplo de argumentación, esgrimen entre otras cosas, que el inmenso patrimonio de que disponen es un bien usufructuado por el pueblo y por lo mismo ha de ser el Estado el que supla la capacidad de atención que requiere. Como siempre, las cargas para la sociedad, los réditos para los asociados.

Es hora de que el estado, el poder civil, se haga dueño de lo que siempre ha sido del pueblo: iglesias, catedrales, ermitas, templos, santuarios, templetes, cementerios, "camposantos"... por dos razones de peso. La una, que todo eso fue sufragado con el esfuerzo de las gentes; la otra, la incapacidad de la organización para atenderlo adecuadamente.

De uso público, hasta ahora fines crédulos, han de pasar a centros de convivencia, foros de la cultura, espacios para celebraciones sociales, palacios para acontecimientos.

Será una forma de conservar y preservar el patrimonio.