Los ciclos de destrucción en la Amazonía siguen una serie de pasos, que tiene como consecuencia el fin de un bioma de extrema importancia en la supervivencia del Planeta. Los efectos son cada vez más visibles, aunque muchos, incluso con cargos de relevancia en organismos que deberían garantizar el cuidado de la región, se empeñen en negar las evidencias.

Frente a esa realidad el Sínodo para la Amazonía nos llama a buscar nuevos caminos para una ecología integral. El Papa Francisco, en su encuentro con los pueblos originarios en Puerto Maldonado, dijo que "es justo reconocer que existen iniciativas esperanzadoras que surgen de vuestras bases y de vuestras organizaciones, y propician que sean los propios pueblos originarios y comunidades los guardianes de los bosques".

Los pueblos indígenas nos muestran una visión diferente de aquella capitalista que "considera la Amazonía como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes", como dijo el Papa Francisco. El insistió en Puerto Maldonado que "la Amazonía es tierra disputada desde varios frentes", enumerando diferentes realidades de neo-extractivismo, entre ellos la madera.

Como ocurre en muchas regiones de la Pan-Amazonía, la frontera entre Perú y Brasil, en la región de la Cabecera del Río Acre está siendo devastada por la acción de las madereras, que por ahora están arrasando el territorio peruano. Además de pueblos en aislamiento voluntario, especialmente los mashcopiros, la región es habitada tradicionalmente por los pueblos yaminahua y manchineri.

Esta práctica de los madereros del lado peruano no es nueva, como reconocen líderes indígenas del lado brasileño, afirmando que "desde hace mucho tiempo los madereros peruanos vienen retirando la madera del lado del Perú". En esa región la frontera es el río, que está siendo utilizado por los madereros como vía de comunicación, subiendo y bajando, llevando el material y los alimentos para ellos, según esos líderes.

Igualmente, desde el inicio de 2019 está sucediendo una situación que agrava aún más el problema, que es que "se han abierto caminos por donde las máquinas están pasando, ya pasaron frente a nuestra comunidad", denuncian con preocupación los indígenas. Ellos mismos reconocen que los más afectados por esta situación son sobre todo los indígenas en islamiento voluntario. Es por eso que los propios indígenas afirman que "un día ellos pueden venir y atacarnos, ese es el problema".

El hecho de haber abierto ramales, que facilitan la entrada y salida, puede traer otras consecuencias negativas para los indígenas que viven en la Tierra Indígena Cabecera del Río Acre. Ellos afirman que "quien sabe si con el tiempo, como ya hay ramal, puedan entrar los mineros, ellos van a empezar a trabajar sacando oro y otras cosas, y ahí el río va a estar contaminado, y nosotros consumimos el pescado del río". Al mismo tiempo, los indígenas denuncian que los caminos puede facilitar la llegada de "muchas personas que no trabajan y les gusta tomar las cosas de los demás, desconocidos que pueden invadir una casa y llevar lo que tenemos, el sustento de nuestra familia".

La situación es vista con gran preocupación por los indígenas, que afirman que para ellos es difícil defenderse, "no tenemos mucho poder, son empresas grandes". De hecho, ellos dicen que "ya lo denunciamos, elaboramos un documento, pero la FUNAI (la Fundación Nacional del Indio), la Policía Federal, ellos tienen conocimiento, ellos saben muy bien que las madereras están allí, pero nunca han llegado hasta allá todavía". El único órgano de fiscalización que se hacía presente era el ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad), "ellos iban allí, siempre teníamos contacto, cuando estaban en Assis Brasil, pero ellos salieron y se fueron a Brasiléia (distante 111 kilómetros de Asís Brasil), es difícil ahora para ellos hacer esos viajes de fiscalización", reconocen los indígenas.

Los propios indígenas asumen que "quien hace esa fiscalización somos nosotros, cuando vamos a pescar, a cazar, siempre estamos mirando si hay alguna invasión en nuestras tierras". Según ellos, "en este momento no hay, pero en frente de nosotros ya están los madereros, eso es muy preocupante".

La madera se procesa en la región y de allí, siguiendo la carretera interoceánica, llega a los puertos peruanos del Océano Pacífico, desde donde es exportada, teniendo como destinos principales a China y México. El tráfico de camiones es constante, sin fiscalización del gobierno peruano, que puede ser considerado responsable final de una situación que puede tener como consecuencia que, al ritmo actual, en cuatro o cinco años la madera de la región sea extinguida.

Lo que sobra de esa madera se destina a las carbonerías de Iñapari, pequeña ciudad en la frontera con Brasil, donde migrantes llegados de otras regiones del Perú y algunos venezolanos trabajan en condiciones degradantes, un trabajo del que participan hombres, mujeres e incluso niños. Todo para conseguir una ganancia muy pequeña, pues por una bolsa de cien kilos de carbón ganan más o menos 25 soles, aproximadamente 8 euros. Ellos mismos reconocen que se sienten esclavos, pero estar allí es visto en la mayoría de los casos como la única fuente de renta que haga posible la supervivencia.

No podemos olvidar que muchas de las personas que trabajan en las carbonerías proceden de realidades donde la extrema necesidad los lleva a formar parte de un esquema que incluso es visto como una "mejora de vida". Esto debe llevarnos a preguntarnos sobre las causas de esta situación, que tiene su raíz en la falta de políticas públicas, una realidad muy presente en diferentes regiones de la Amazonía, donde la explotación, disfrazada de posibilidad de supervivencia, se ha hecho presente en todos los rincones.