"Exigimos a todo grupo criminal recapacitar ante el dolor y el sufrimiento que ocasionan a sus propios hermanos," fue la solicitud de la Conferencia del episcopado mexicano al lamentar los diferentes episodios de violencia que se viven en varias regiones del país, tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del reconocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera "El Chapo Guzmán".

En un comunicado la Iglesia mexicana, expresó su profundo dolor e indignación por la violencia que una vez más mancha la historia del país y debilita los procesos de paz; esfuerzos que se han adelantado durante los últimos meses con el fin de contribuir a la superación de los efectos del flagelo de la violencia que a lo largo de las últimas décadas ha dejado a miles de familias en medio del dolor. Se trata de procesos que apelan al diálogo y la concertación como herramienta de trabajo y han contado con la participación de organizaciones civiles y religiosas.

"Nos unimos en comunión de oraciones y solidaridad con las comunidades de Culiacán y Ciudad Juárez que están viviendo días de incertidumbre y angustia," afirmaron.

A merced de los violentos

Los prelados denunciaron diversos episodios de muerte y crimen que se padecen en todo el país, por lo que pidieron a las autoridades en sus distintos niveles que mantengan la estabilidad nacional y el Estado de Derecho en medio de las acciones deliberadas del crimen organizado. Al respecto los obispos invitaron a la feligresía para que este 6 de enero se adelantara una jornada de oración pidiendo a Dios que toque el corazón de quienes hacen daño a sus propios hermanos sin contemplación alguna. "Suplicamos a la Virgen María de Guadalupe que, como Reina de la Paz, interceda para convertir nuestros corazones, para ser verdaderos arquitectos y artesanos de paz," indicaron.

Un llamado al que se unió de manera particular la Iglesia presente en la diócesis de Culiacán-Sinaloa, “como pueblo de Dios que vive de la fe en Jesucristo, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, nos sumamos sinceramente a los esfuerzos que conjuntamente implementan los diversos órganos de gobierno en todos sus niveles y las instituciones de la Sociedad civil, para hacer frente a esta lacerante situación que afecta, y mucho, nuestra convivencia familiar, escolar, laboral y social”.

De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno mexicano los operativos alternos que se desarrollaron en el marco de las acciones que permitieron dar con el paradero de Ovidio Guzmán dejaron al menos 29 muertos, de los cuales 10 eran militares y 19 presuntos miembros de bandas al margen de la ley. Sin dejar de lado que otras 35 personas resultaron heridas y 21 más fueron capturadas y puestas a órdenes de las autoridades.

El trabajo de las autoridades

Ovidio Guzmán es considerado como uno de los mayores líderes del Cartel de Sinaloa, su captura desató una ola de violencia como respuesta de quienes hacen parte de este grupo delictivo y no aceptan su detención. Situación que se hizo latente a través de balaceras, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos, entre muchos otros delitos. Alias "el ratón" como se le conoce a Ovidio Guzmán ya había sido detenido en 2019, pero tras la cantidad de incidentes y actos violentos que se presentaron en Culiacán y Ciudad Juárez, ejercieron presión sobre las autoridades que finalmente decidieron ponerlo en libertad en esa oportunidad.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, asignado para el caso explicó que Ovidio Guzmán permanecerá bajo prisión preventiva con fines de extradición, lo que permite concluir que el gobierno estadounidense tendrá plazo hasta el próximo 5 de marzo para entregar la documentación necesaria que permita cumplir con el proceso de extradición. El jurista aclaró que, de no formalizarse la solicitud de extradición, las autoridades decretarán la libertad para Ovidio Guzmán.

En 2021 el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por informaciones relacionadas con su paradero, sindicándolo como autor de delitos que van desde la conspiración hasta la comercialización de drogas en el país, lo que constituye un delito contra la salud pública. No obstante, el proceso enfrenta diversos riesgos que incluirían la congelación de la extradición a través de la figura de amparo, entre otros recursos legales.