¿Un infierno para el cristianismo? En África, religiosos y católicos se han convertido en blanco de las dianas yihadistas

El descenso al infierno para Gloria Cecilia Narváez, oriunda de Pasto, Nariño, comenzó el 7 de febrero de 2017. La monja colombiana, que se encontraba en la localidad de Koutiala, al sur de Malí, fue interceptada en su casa por un grupo de hombres armados del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jnim) en el Sahel, una filial de Al Qaeda, hacia las 9:30 de la noche. Ella era para entonces la superiora de un grupo de religiosas colombianas y una de Burkina Faso que se encontraban en una misión humanitaria en la región.

“Los hombres la lograron detener y la obligaron a regresar a la sala. Ella se sentó y suplicó que no nos hicieran nada, que teníamos niños huérfanos al cuidado, que éramos misioneros, que no éramos europeas sino colombianas, que no teníamos dinero. Fue entonces cuando nos dijeron que eran yihadistas, aunque según nos dicen del obispado, de momento nadie ha reivindicado el secuestro”, explicó la hermana Clara Natalia Vera en marzo de 2017.

A las monjas que acompañaban a Narváez en la casa (Sofía, de Tumaco; Clara, de Medellín, y Adelaide, de Burkina Faso) las encerraron en distintas habitaciones. Los hombres armados estaban buscando quién lideraba el grupo.

“Yo. Yo soy la encargada”, dijo la monja colombiana.

Los terroristas le ordenaron a la religiosa que dijera dónde estaba el dinero, pero ella insistió en que no tenían nada. Ante la negativa le pidieron las llaves del carro que estaba en el garaje. Las colegas de Narváez, desde sus habitaciones, escucharon el sonido del motor encendiéndose y el carro en marcha. Después de eso, la hermana Clara salió de su habitación, se encontró con Sofía y Adelaide y vieron que Gloria Cecilia ya no estaba, la habían secuestrado.

Un día después del secuestro, las autoridades colombianas se pusieron en contacto con la embajada del país en Ghana, concurrente con Malí, para seguir de cerca el rastro de lo que había pasado. Se enviaron misiones de la Dirección Antisecuestros y Extorsión de la Policía y el Gaula hasta Koutiala para investigar el secuestro, y se habló directamente con los mandatarios de Ghana y Malí, así como con diplomáticos de ambos países, para trabajar en conjunto en la liberación de la monja.

Según la Policía Nacional, se instalaron hasta seis comisiones de manera intermitente: dos en 2017, dos en 2018, una en 2020 y la última en 2021, la cual regresó al país en junio. España, Francia, Suiza, Brasil, Alemania y Estados Unidos se sumaron a las labores de rescate, y organizaciones como la Interpol y las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, una congregación de origen suizo nacida en 1893 en Colombia y con presencia en 17 países, a la que pertenece Narváez. Hubo pocos avances en estos cuatro largos años, así como pocas pruebas de supervivencia de la monja. Apenas hubo dos.

La última carta, un documento de once líneas que la colombiana escribió en mayúsculas, fue divulgada en julio, aunque tenía fecha del 3 de febrero. En septiembre de este año, el drama para los familiares se profundizó. Por un lado, un grupo de secuestrados que estaba en cautiverio junto con la monja logró escapar de los yihadistas, pero no pudieron llevarse a la colombiana. Uno de los secuestrados dijo que la salud de Narváez era precaria. Por otro lado, la madre de la religiosa, Rosita Argoty Narváez, falleció el 21 de septiembre sin poder ver a su hija de nuevo.

Pero los días de oscuridad estaban a punto de terminar. El pasado sábado, luego de cuatro años, ocho meses y dos días, Malí y Colombia confirmaron que la monja había sido liberada gracias a “esfuerzos combinados de varias agencias de inteligencia”, aunque no se dieron más explicaciones sobre la liberación, si se pagó un rescate o si se realizó una operación militar.

A pesar de la liberación de Narváez, la amenaza para los religiosos en países africanos sigue latente. Tanto así que hace poco menos de un mes, Nana Akufo-Addo, presidente de Ghana, alertó que Al-Qaeda y Boko Haram, los dos grupos terroristas más activos en África occidental, se estaban aprovechando de la pobreza en el noreste de Nigeria para reclutar nuevos miembros. El mandatario sostuvo que la violencia se extendió hasta la cuenca del lago Chad, Malí y el Gran Sahel.

A la advertencia también se sumó Macky Sall, presidente senegalés, quien dijo en febrero de este año que su país se estaba preparando para un empujón yihadista hacia el Atlántico desde el Sahel. Y es que Senegal ha tenido que seguir de cerca la situación de sus fronteras, especialmente la zona que limita con Malí, uno de los epicentros de la violencia por parte de grupos extremistas.

En Nigeria, veinte religiosos, incluidos al menos ocho sacerdotes o seminaristas católicos, fueron asesinados en los últimos 57 meses y al menos cincuenta secuestrados, de acuerdo con un informe de la ONG de ese país International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety) revelado en 2020.

Y en Malí las cosas se complicaron más para la Iglesia católica en 2012, cuando los rebeldes tuaregs formaron una alianza con grupos islámicos radicales y tomaron el poder. Aunque en 2013 fueron derrocados, desde entonces los yihadistas son una amenaza grave en ese país, a pesar del apoyo al gobierno de las Naciones Unidas, Francia y otras fuerzas regionales; en ese mismo año, por ejemplo, la Unión Europea puso en marcha la Misión de Entrenamiento en Malí que, con 700 militares, empezó a entrenar a las fuerzas armadas malienses para reforzar sus capacidades. Y Francia todavía mantiene la Operación Barkhane, que, con unos 5.000 militares que luchan junto a las fuerzas militares de Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad, buscan combatir a los terroristas que amenazan a Malí.

De acuerdo con el portal Vatican News, la Iglesia católica en ese país se ha enfrentado a varios casos de secuestros de sacerdotes y religiosos. Los más recientes son los del padre Pierluigi Maccalli, misionero perteneciente a la Sociedad de Misiones Africanas, secuestrado en el vecino Níger en 2018 y liberado en Malí en octubre de 2020.

ÁFRICA/NIGERIA - Al menos 70 sacerdotes y religiosos secuestrados o asesinados desde junio de 2015 https://t.co/PmF4wj6htwpic.twitter.com/8c4RzHPWdt

— Alfonso Becerra (@calinbe) March 16, 2020

Los católicos se convirtieron en blanco de la persecución de grupos islámicos, que los ven como una amenaza a los musulmanes, que representan el 94,6 % de la población. De acuerdo con datos de Vatican News, en ese país hay 43 parroquias y 267 centros de atención pastoral, 177 sacerdotes, 72 seminaristas mayores, siete misioneros laicos, 14 hermanos, 270 hermanas y 1.098 catequistas. Una comunidad religiosa que aún está en riesgo.

“Si bien algunas áreas están controladas esporádicamente por este grupo, Hay partes en el centro de Malí que están bajo un control yihadista tan consolidado que un analista local lo comparó a un califato”, explicó Jared Thompson, investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en un informe publicado en julio de este año.

En 2020, Malí duplicó prácticamente los incidentes relacionados con el terrorismo respecto al año anterior; y con un mayor número de víctimas civiles (403) que de miembros del ejército y fuerzas de seguridad (260). De todos ellos, el 70 % de la actividad terrorista fue perpetrada por Jnim, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de España.

🇲🇱🇫🇷 El primer ministro de Mali ha acusado a Francia de entrenar a grupos yihadistas y de entregarles un enclave en la región de Kidal al que prohibieron entrar al ejército maliense. pic.twitter.com/YBDRIlm1OL

— Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 10, 2021

Primero, Religión Digital

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