Conmemoración de los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 en en América Latina y el Caribe. Organizaciones católicas debaten sobre "Cartagena +40" y el desafío migratorio
En el evento 'Proceso Cartagena+40: Declaración de Chile y Plan de Acción 2024-2034', en el que intervinieron entidades de la Iglesia católica, se plantearon recomendaciones en un diálogo con los embajadores ante la Santa Sede, instituciones italianas y agencias internacionales
| Sebastián Sansón Ferrari
(Vatican News).-En el marco de los cuarenta años de la firma de la "Declaración de Cartagena" (1984), uno de los instrumentos jurídicos más importantes de las últimas décadas en materia de protección y soluciones en América Latina y el Caribe, la Embajada de Chile ante la Santa Sede organizó una conferencia para posicionar las voces de los refugiados y desplazados forzados.
Este martes 2 de julio en el Palacio de San Calixto, junto a diversas organizaciones católicas, como el Servicio Jesuita a Refugiados y Cáritas Internacional, entre otras, abordaron los desafíos del contexto migratorio y formularon recomendaciones para los gobiernos en la elaboración del Plan de Acción de Chile 2024-2034.
Este plan, según explica el sitio web oficial de la iniciativa, "constituirá una aplicación adaptada del Pacto Mundial sobre los Refugiados y mantendrá la fidelidad a los principios de solidaridad y cooperación, al espíritu humanitario y apolítico, así como al carácter pragmático y visionario que han caracterizado al Proceso de Cartagena a lo largo de su historia".
La actividad se articuló en dos paneles. De acuerdo con la Red Clamor, una de las organizaciones que formó parte del encuentro, en el primero dialogaron sobre los antecedentes y perspectivas de futuro del proceso Cartagena +40, y contó con la participación de la Embajadora de Chile ante la Santa Sede, la Sra. Patricia Araya; el Embajador Pedro Hernández, Director de Migraciones de la Cancillería chilena; la Sra. Chiara Cardoletti, representante del ACNUR en Italia, la Santa Sede y San Marino; el Sr. Alistair Dutton, Secretario General de Cáritas Internationalis; el P. Fabio Baggio, Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el profesor Rodrigo Guerra, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.
En el segundo panel, se centraron en las contribuciones de las personas refugiadas y desplazadas, la Iglesia y la sociedad civil en este proceso, considerando la experiencia de acompañamiento que realizan las oficinas nacionales del JRS en México, Venezuela y Ecuador, y el Servicio Jesuita a Migrantes Chile (SJM Chile); así como la experiencia a nivel regional del JRS LAC, Cáritas LAC, la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC) y la Red CLAMOR, esta última representada por la delegada de la Red Franciscana para Migrantes.
Las organizaciones entregaron al Gobierno de Chile un documento con varias recomendaciones, que incluye elementos propuestos en las tres consultas temáticas de abril, mayo y junio pasados, para la negociación de la Declaración y construcción del Plan de Acción de Chile, que se llevará a cabo en Ginebra durante el segundo semestre de 2024.
Entre las sugerencias generales, plantean "trascender el enfoque de regularizaciones migratorias temporales y adoptar el de protección de acuerdo con el Derecho Internacional de los Refugiados", "garantizar la plena participación de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los actores, incluida la academia, en el proceso de consulta, negociación, implementación y monitoreo del Plan de Acción de Chile" y "establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de la implementación de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Chile, contando también con la efectiva participación de todos los actores relevantes".
En materia de protección, recomiendan, de manera particular, "brindar seguridad jurídica a las personas solicitantes a través de documentos de regularización migratoria que garanticen el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en igualdad de condiciones en relación con las personas nacionales". Asimismo, se refieren a la necesidad de "brindar protección complementaria aquellas personas que tengan una baja probabilidad de ser reconocidas como refugiadas y se encuentren en una situación de riesgo o amenaza al ser regresadas a sus países de origen. La protección complementaria debe garantizar una protección efectiva y el principio de no devolución; por tanto, es importante que se diferencie de los mecanismos ordinarios y temporales de regularización migratoria".
