Llegó la recta final del juicio por el saqueo de las arcas de Radio Televisión Valenciana por la concertación de la banda Gürtel a la salud de la visita del Papa Benedicto XVCI a Valencia y el V Encuentro Mundial de las Familias celebrado en 2006 y que supuso un beneficio de 3,5 millones de euros para sus integrantes sólo con uno de los macro contratos del evento, el alquiler de pantallas gigantes y megafonía para que la gente siguiera con comodidad los actos.

Llegó el turno de los abogados defensores de los 23 imputados que, como es lógico, por lo general se dedicaron a echar balones fuera, bien atacando al Ministerio Fiscal, a veces de manera impertinente y casi insultante, lo que se les permitió por un especial fuero que los Tribunales suelen permitir a los letrados y que aprovechan no pocas veces para hacer ver que hacen ante sus clientes.

En esta nueva fase, salió clara y nítida la noticia de que quien manejaba los hilos en nombre de la Generalidad Valenciana y el Arzobispado a la vez Juan Cotino, político del PP, del Opus Dei, quien marcaba los objetivos claros e imponía los criterios desde su sede de la Consellería de Agricultura. Él siempre lo negó públicamente diciendo que su intervención fue sólo como coordinador de los voluntarios. Las distintas declaraciones de los implicados han demostrado lo contrario, que mentía, era el poder decisorio. Este falleció por coronavirus, aunque alcanzó a declarar en estrados en la Audiencia nacional en la última sesión del juicio antes del confinamiento del coronavirus. Luego se llevaron la palma de los palos de los abogados actuantes en la sesión los imputados Pedro García y Luís Sabater.

Los jefes de la banda

Comenzó las intervenciones el abogado defensor de los jefes de la banda, Francisco Correa y Pablo Crespo, quien pidió la anulación de todo lo actuado en el procedimiento y el mismo juicio, al originarse a raíz de unas grabaciones de José Luís Peñas, antes del círculo de los detenidos, que fue grabando conversaciones con los gurtelianos que presentó junto con la denuncia de maquinaciones que hacían para conseguir contratos de obras públicas y servicios allá donde gobernaba el Partido Popular. Alegó que las grabaciones eran ilegales y todo el proceso estaba viciado.

Le siguió el letrado defensor de Álvaro Pérez (a) El Bigotes quien se adhirió a las conclusiones del Ministerio Fiscal y reclamó para su patrocinado se tuviera en cuenta las atenuantes muy cualificados de confesión en toda regla a la hora de dictar sentencia para la rebaja de la pena. Álvaro Pérez era el delegado de los Gürtel en Valencia. Éste declaró en juicio que fue el expresidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps, de quien era amigo, les encargó al grupo que pertenecía organizar la visita del Papa, cosa que Camps negó, y que ahora desmintió el abogado, subrayando que Camps había mentido en su comparecencia en estrados, declaración que en palabras del letrado fue “pintoresca, sarcástica y faltando a la realidad, por lo que tiene que ser merecedora de un reproche penal”.

Ramón Blanco Balín, éste también miembro de la Gürtel, confesó y pactó con el Minisiterio Fiscal, por lo que su letrado pidió se le tuviera en cuenta la atenuante calificada, y se le rebaja la pena correspondiente en dos grados.

La defensa de Pedro García, director general de Radio Televisión Valenciana,  subrayó que su cliente aportó en su conexión datos muy importantes sobre lo ocurrido, se arrepintió de lo sucedido y había devuelto el medio millón de euros que se llevó de comisión. Insistió el letrado que Pedro García actuó asó porque recibió consignas políticas desde la Generalidad de la que dependía la televisión. Añadió además para pedir rebaja de pena dilaciones indebidas, que había transcurrido el 60 por ciento del tiempo de prescripción, reparación del daño y hasta sacó que el Vaticano le había felicitado por la retransmisión de los actos. Total que redujo las penas de cada uno de los delitos que le salían –la Fiscal solicita 39 años-  en vez de años a meses, saliéndole la suma de sus cuentas a una cantidad sobre dos años.

El abogado de Ricardo Javier Calatayud, quien estaba al frente del departamento económico  de la televisión autonómico, dijo que éste se opuso al procedimiento que se iba a hacer, pero que Pedro García lo utilizó para vestir de aparente legalidad. Su representado no sacó ningún beneficio. Como también pactó con el Fiscal, se conforma con las penas y está arrepentido de lo sucedido.

El abogado de Luís Sabater, jefe técnico de Televisión Valenciana, confesó su participación en los hechos y apuntó que fue Juan Cotino, conseller de Agricultura del gobierno de Francisco Camps, fue quien impuso que se RTVV se encargara de contratar las pantallas y megafonía citadas y se adjudicara a la banda Gürtel. Fue Pedro García quien le dio el teléfono de Álvaro Pérez a Luís Sabater para que tratara todo lo de las pantallas.

Al abogado de Antonio de la Viuda, jefe de antena de la televisión, el presidente del Tribunal le llamó la atención por sus palabras y tono contra el Ministerio Fiscal, quien dijo que mentía y manipulaba y criticó las confirmaciones que había logrado con algunos procesados, sus pactos sobre su responsabilidad penal, que rebajaban sus autorías a simples cómplices y por lo tanto la pena. Dijo que fue Luís Sabater quien con un informe influyó a la mesa de contratación para que se adjudicara a Teconsa. Lo único que hizo fue poner una firma burocrática y rutinaria de visa en un expediente entre los múltiples documentos que firma a diario. También señaló que no cabía la imputación del delito de prevaricación, pues los empleados de RTVV no eran funcionarios, sino empleados de una mercantil. Refiriéndose a las actuaciones de la Fiscalía dijo que las acusaciones eran inventadas, de ciencia ficción y que no se sostenían.

Vulneradas todas las normas

La defensa de Vicente Sanz, jefe de los Servicios Generales de la TV, dijo que en este caso se habían vulnerado todas las normas del proceso. Disparó sobre Luís Sabater, quien mintió mucho, y sobre Calatayud y Pedro García, y utilizaron a los miembros de la mesa. Criticó también que a los confesos se les rebajara el grado de autor a cómplice, resultando que al final pueden tener menos pena que los utilizados por aquellos. Vino a decir que la Fiscalía buscaba la vanagloria con las acusaciones y tesis que sostenía. Vicente Sanz no se ha conformado con los dos delitos que se le atribuyen, uno de ellos la orden de que se pagase una factura de vigilantes de seguridad de las pantallas por 99.000 euros, que está cuestionado se prestara.

La defensa de Juan Prefaci, jefe del gabinete del director de RTVV, dijo que fue miembro de una mesa de contratación sin que exista ninguna prueba de cargo incriminatoria en la dinámica delictiva.  Manifestó que a pesar de estar presente en la mesa, no tuvo conocimiento de lo que se estaba cociendo en la trastienda. El texto del convenio con la Fundación lo redactó Calatayud. Prefaci no tuvo ninguna intervención en el convenio, ni acudió a reuniones de la Fundación.  La última revisión del convenio la hizo y salió de la asesoría jurídica. Pidió para él una sentencia no condenatoria.

Restan por pronunciarse las “Últimas palabras”, alguno de los procesados han renunciado a ello, otros van a hablar. Entre los que comparecerán están los dos nombres más repetidos, Pedro García y Luís Sabater. Se ha anunciado que para ratificar y ampliar sus confesiones. También se anunció que hablaría Vicente Sanz. La sesión continuará el próximo lunes a las diez de la mañana, a pesar de que el Tribunal deseaba terminar hoy.