Tres horas ha durado el Informe final el Ministerio Fiscal, asumido en el procedimiento por la Fiscal Anticorrupción, que ha estado densa, prolija y minuciosa en el relato de los hechos y sus calificaciones penales, a cuenta del V Encuentro Mundial de las Familias y la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, donde ha plasmado cinematográficamente como la banda Gürtel, maniobró para adjudicarse la organización del evento, especialmente en lo relativo a la contratación de macro pantallas de televisión y sonido para seguir los actos del pontífice.

Ha ido desgranando prueba a prueba y testimonio a testimonio todo lo que ocurrió en esas fechas, subrayando lo que calificó de “rosario de Ilegalidades e irregularidades”, que, de momento, lleva diez piezas judiciales en marcha, seis juicios y éste que se sigue en la Audiencia Nacional, que partió, como consecuencia de la denuncia de Pepe Peñas, quien en algún tiempo estuvo en la organización gurteliana, pero que luego se distanció de sus integrantes.

En el repaso de lo acontecido ha vuelto a aparecer el nombre del fallecido Juan Cotino como elemento nuclear de la organización de los actos, quien antes de morir por coronavirus prestó declaración en estrados reconociendo lo que había negado –sólo admitía ser coordinador de voluntarios- que estuvo en ello, porque el arzobispo –entonces García Gasco- se lo encargó. La Fiscal subrayó el papel nucleico que había tenido Cotino –quien había ocupado importantes cargos públicos- , en los preparativos de la organización, a pesar de no tener ningún cargo institucional, pero tenían gran influencia sobre personas importantes del partido como Camps.

La banda Gürtel, maniobró para adjudicarse la organización del evento, especialmente en lo relativo a la contratación de macro pantallas de televisión y sonido para seguir los actos del pontífice

Para la Fiscal, Cotino influyó decisivamente en la adjudicación a la trama Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- que trabajó para el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y otras regiones, del que logró distintas adjudicaciones de obras y servicios con los que obtuvo pingües beneficios. La trama se expandió a Valencia donde lograron se les adjudicara en un procedimiento “como un traje hecho a medida” la contratación de pantallas y sonido para la visita del Papa por un precio de 7.493.000 de euros, de los que se llevaron 3,5 millones de beneficio, que se repartieron los citados más Pedro García, director de Radio Televisión Valenciana.

Partícipe a título lucrativo

Para ello hubo una confabulación de políticos y empleados de la extinta Canal 9, que, en palabras de Enrique Pérez Boada, del citado partido, respondía a que “en Valencia nos conocemos todos,  somos así y funcionamos así”. Los logradores llegaron a redactar los pliegos y el contrato de la adjudicación, que validaron directivos de RTVV, ente al que se le encargó extrañamente la imagen y sonido de los actos, sin corresponderle, sin ninguna explicación, con lo que la Fundación del V Encuentro, impulsada  por el Arzobispado de Valencia,  se ahorró 4 millones de euros.

Por esta razón, la Fiscal implica a la Fundación del V Encuentro, “sola y exclusivamente” como partícipe a título lucrativo y cifró sus responsabilidad civil en 4 millones de euros, el coste de los alquileres de pantallas y megafonía. La Fundación fue creada  a instancias del Arzobispado de Valencia que invitó a integrarse en ella a la Generalidad Valenciana, Ayuntamiento y Diputación de Valencia.  La contratación debió ser mediante concurso y con publicidad, pero RTVV no lo hizo por decisión de su director Pedro García –hombre de confianza y exjefe de prensa de Francisco Camps, nombrado para el cargo por éste mismo- quien se embolsó 500.000 euros por la comisión y un coche.

Con éste, la Fiscal se refirió con nombres y apellidos a los cargos directivos y funcionarios de RTVV que manipularon y falsificaron “el expediente hecho de atrás hacia adelante” para dar visos de legalidad al procedimiento adjudicatario. A ellos se les imputa además el delito de prevaricación cometido por funcionario público. Rechazó la Fiscal lo que habían argüido las defensas de los imputados que se tuviera en cuenta como atenuantes las dilaciones indebidas del proceso, manifestando que éste constaba de más de mil tomos y que todos los días había estado activo desde que se originó. La abogacía del Estado se expresó en similares términos que la Fiscalía.

¿Testimonio por falsedad de Camps?

La Fiscal volvió a citar a Francisco Camps, ex presidente de la Generalidad Valenciana, del PP,  de cuya declaración en el juicio ha solicitado se deduzca testimonio por falsedad, para querellarse contra él, ya que quedó probado lo que él negó que se hubiere reunido con Alvaro Pérez (a) el Bigotes, y que hubiere viajado a Roma con él para el nombramiento de Cañizares como cardenal. Según dijo en juicio Pérez y en vistas a que ya estab a en la operación de preparar el viaje del Papa a Valencia.

 La acusación particular defensora de la saqueada RTVV, liquidada más tarde por entrar en quiebra, se adhirió igualmente al Informe de Fiscalía resumió todas las ilegalidades perpetradas por todos aquellos intervinientes en los hechos hoy procesados. Dijo que tal vez si alguno de aquellos empleados funcionarios se hubiera opuesto a firmar o visar las fases de aquel procedimiento, el delito no se hubiera perpetrado este burdo, hecho que se desarrolló en tiempo preelectoral. Faltaron muchos requisitos y nadie lo advirtió. Entre los cargos directivos citó al polémico –por un asunto de abusos sexuales que tuvo dentro de la misma empresa televisiva- Vicente Sanz, responsable de los Servicios Generales del canal televisivo, de quien dijo tenía gran experiencia en contratación administrativa y de sobra sabía lo que estaba ocurriendo. Él ordenó, además, RTVV pagar una factura de seguridad, que tampoco le correspondía por un total de 99.000 euros. El letrado pidió se reintegrara esta cantidad y la de los cuatro millones cuestionados por haber sido destinados a algo que no era objeto social de RTVV ni le supuso ningún beneficio, siendo el contrato nulo de pleno derecho.

 Pidió el letrado que se reintegraran los más de cuatro millones saqueados a las arcas públicas. Y tuvo, por último una alusión al que fuera secretario de García Gasco, Antonio Corbí, al recordar que cuando depuso en estrados lo que declaró que se supo tarde, bien entrado 2006, que venía el Papa –por lo de la información privilegiada a los gurtelianos- cuando el propio prelado, en Pentecostés de 2005 ya publicó una carta anunciando la noticia. No obstante, el letrado defensor de RTVV, no pidió expresamente deducción de testimonio.

La sesión de hoy concluyó con la intervención del abogado de la acusación particular (PSOE), que en parte se adhirió al informe del Ministerio Fiscal. Mañana a las diez continuará el juicio con las intervenciones de los abogados defensores de los acusados, algunos de los cuales están presentes y otros excusaron su asistencia, incluso para la última palabra. Todo apunta a que el juicio del macroproceso concluirá mañana con las “últimas palabras” de los procesados.