Los Obispos del Perú lamentaron la muerte del Sub Oficial de la Policía, José Luis Soncco Quispe (29 años), quien fue quemado vivo dentro de un vehículo policial en la ciudad de Puno. También expresaron sus condolencias por las personas fallecidas en los últimos días por las violentas protestas en la ciudad de Juliaca, en Puno. Los prelados lamentaron que los hechos hayan ocurrido “como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad; y, por otro, por el uso desmedido de la fuerza».

Así lo señalaron en un comunicado donde también llamaron a identificar los “justos reclamos» de la sociedad mediante un diálogo racional. Y pidió a no permitir que se “destruya” el país por las propias acciones.

“Invocamos al Gobierno a detener, urgentemente, la violencia y las muertes vengan de donde vengan; al Ministerio Público y al Poder Judicial a investigarlas y sancionarlas; y al Congreso, a tomar las decisiones que exige la coyuntura y la paz social del país”, fue el pedido de los Obispos para lograr la paz en nuestro país.

Un mes de violencia

El Gobierno declaró la inmovilización social obligatoria por tres días en la ciudad de Puno desde las 8 pm. hasta las 4 am.. Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante el pedido del voto de confianza ante el pleno del Congreso.

El anunció se da un día después de de los violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que han dejado, solo el lunes, 18 muertos en Puno. Entre las víctimas mortales hay menores de edad, mujeres y policías. Las movilizaciones exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso, y el adelanto de Elecciones.

En lo transcurrido de esta semana, las protestas se han extendido a otras seis regiones del país con bloqueos de carreteras en Apurimac, Cusco, Madre de Dios, Amazonas y Arequipa, según informaciones de medios locales.

Desde el punto de vista del primer ministro, Alberto Otálora, ante el comportamiento violento de unos 2000 manifestantes, la fuerzas del orden debieron actuar. «Fue un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de actividades violentas contra instituciones de Puno,» advirtió.

Cabe recordar que los manifestantes exigen elecciones anticipadas, la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el exmandatario niega.

El primer ministro, Alberto Otárola, lamentó las muertes en Puno, pero agregó que unas 9.000 personas quisieron tomar el aeropuerto de la ciudad y que 2.000 de esas personas iniciaron un ataque contra la policía, utilizando “armas hechizas y armas con doble carga de pólvora”. Fue un “ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de actividades violentas contra instituciones en Puno”, afirmó.

Entre las víctimas del lunes figura un menor de edad, dijo la Defensoría del Pueblo, que informó además, más temprano, que un recién nacido había muerto mientras era trasladado en Puno a un hospital en ambulancia, que se retrasó debido a un bloqueo.

A continación, la última declaración episcopal: