Las personas que deciden convertirse en empresarios para generar empresas precisan tener una alta capacidad de entrega para adentrarse en un camino lleno de riesgos y de dificultades.

Decidir tener la profesión de empresario y, por tanto, de emprendedor social, es una decisión que toman las personas para cumplir con una misión: generar riqueza social.

La decisión libre de ser empresario comporta, ante el riesgo que asumen, el obtener beneficios, si esto no fuera parte del objetivo no existirían personas dispuestas a iniciar proyectos empresariales.

Obtener beneficios no es malo, al contrario, es necesario para que el emprendedor pueda tomar la decisión de invertirlos o de repartirlos, en ambos casos lo que hacen es poner en circulación recursos que afianzan los resortes de la economía y, por tanto, de la democracia.

Nuestra sociedad debería admirar a los emprendedores porque son un puntal necesario para que podemos disfrutar de un estado de bienestar adecuado y justo.

Hace pocos días me decía un emprendedor social que apartar todos los meses setecientos euros para pagar a la tesorería de la Seguridad Social es una tarea que precisa de mucho esfuerzo.

Esto demuestra que los empresarios deben de tener un gran espíritu de superación. Todos los días están obligados a ser creativos y a innovar, ya que es la única manera de que un proyecto pueda sobrevivir.

Si escalamos, lo que me decía este emprendedor social, a un tejido empresarial de empresas con un gran volumen de negocio tenemos que aceptar que un trabajador, además del coste de la nómina, tiene otra serie de costes que la empresa debe de asumir con el fin de que ésta pueda obtener los beneficios debidos.

Sin beneficios ningún proyecto es viable, ni el pequeño ni el mediano ni el grande, como he dicho anteriormente los beneficios se reinvierten o se reparten, pero en ambos casos se ponen en circulación en la rueda de la economía.

Vivir en democracia significa aceptar las reglas de juego existentes y, por tanto, la normativa que hace posible que podamos convivir y progresar. Por esta razón los emprendedores sociales están sujetos a una normativa propia que grava sus negocios desde el punto de vista impositivo, se les aplica aquellas leyes que les afectan de manera directa o indirecta y de esta forma contribuyen a generar riqueza social.

Lo que se obtiene a través de los impuestos que tienen que pagar, no nos quepa ninguna duda, sirve para dar estabilidad a nuestra democracia.

La democracia debe de cuidar y mimar al emprendedor y no arremeter contra él dando a entender que puede ser un personaje oscuro que solamente quiere ganar y ganar dinero.

La democracia es un sistema que está basado en un ordenamiento jurídico que hace posible la existencia de tres pilares, el ejecutivo, el legislativo y el judicial y, a través, por medio de estos ejes los ciudadanos participamos activamente en el desarrollo de una democracia que respete los derechos fundamentales.

En este marco surgen los proyectos empresariales ya que los emprendedores que los ponen en marcha son ciudadanos de una democracia que alimenta el desarrollo social, posibilitando una economía que basa su existencia en un principio fundamental: la libertad.

La democracia no puede ir en contra de los principios que fundamentan la existencia de proyectos empresariales porque esto supondría mermar la libertad. Lo cual significa que el poder ejecutivo no puede, de manera arbitraria, imponer ninguna norma y menos si ésta condiciona otras normas ya existentes como puede ser el caso de las que gravan por medio de impuestos al tejido empresarial.

Intentar dividir a la sociedad y hacer creer que existen empresarios buenos y malos no conduce a ninguna meta más bien genera zozobra y una sensación de persecución que puede oscurecer la voluntad de muchos emprendedores sociales a la hora de querer desarrollar proyectos empresariales.

Hoy día, en una democracia fuerte y sólida, las personas tenemos que conocer las reglas impositivas que rigen, porque son éstas las que hacen posible la existencia del estado del bienestar y, al mismo tiempo, ayudan al emprendedor social a desarrollar proyectos empresariales. Si, por el contrario, lo que aparece es una voluntad recaudadora sin que ésta esté sometida a un debate pausado y sereno, lo que al final se conseguirá es embarcarse en un proceso judicial que terminara asustando a potenciales inversores y, no debemos olvidar, que gracias a éstos se puede disponer del dinero suficiente para la realización de los proyectos.

Alejarse del equilibrio que debe de regir las relaciones del poder ejecutivo con el tejido empresarial es una mala decisión que podría conducir a muchos emprendedores al desánimo y, por tanto, a la muerte de infinidad de proyectos empresariales, las consecuencias para la estabilidad de la democracia serían imprevisibles.

Las personas pueden ser empresarios y poner en marcha empresas, pero para que esto ocurra es necesario generar confianza y no romper los vínculos existentes. Los conflictos no conducen a ninguna meta sensata. Quien pone en marcha la maquinaria de generar el conflicto, con toda probabilidad, terminará triturado por la misma.

Desacreditar a las empresas, perseguir a los empresarios señalándolos y desmotivar a las personas lo único que consigue es tener menores índices de democracia y esto no puede ser bueno.

Hay que creer en las empresas, es necesario apoyar a los empresarios y es preciso animar a las personas a que sean emprendedores de proyectos que generen riqueza social.