Pero desmiente las informaciones de que se hayan iniciado los trámites judiciales El Arzobispado estudia la vulnerabilidad de las exmonjas de Belorado de cara al desahucio

El Arzobispado de Burgos ha solicitado a la Diputación Provincial informe de vulnerabilidad para conocer la situación en la que se encuentran las diez exmonjas clarisas del Monasterio de Belorado (Burgos), así como las cinco hermanas mayores que no han sido excomulgadas por un delito de cisma, pero no ha iniciado trámites judiciales para el desahucio de las excomulgadas.

En un comunicado, la institución religiosa ha explicado que la comisión gestora nombrada por el arzobispo Mario Iceta como comisario pontificio no ha incoado en instancias judiciales el procedimiento de desahucio, ante algunas informaciones publicadas en las últimas horas que hablaban de inicio del desahucio de las exreligiosas.

Ha confirmado, sin embargo, que los servicios jurídicos “trabajan con todos los escenarios posibles” y, en ese marco, se ha solicitado un informe de vulnerabilidad al Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Burgos para analizar la situación en la que se encuentran todas las personas que residen en el convento.

Las exmonjas clarisas han publicado este martes a través de sus redes sociales una carta remitida al cenobio por el propio Departamento para comunicar la petición de informe “sobre un procedimiento judicial que tiene como finalidad el desahucio/alzamiento de la vivienda habitual”, en este caso, el monasterio de Santa Clara de Belorado.

Y la citación para una entrevista el pasado 15 de julio, lo que según las exreligiosas es prueba del “deseo de rápido desahucio” que quiere acometer Mario Iceta, según han denunciado también Susana Mateo (sor Sión) e Isabel Jiménez (sor Israel) en una entrevista en un canal de YouTube, que se emitió en la noche del lunes.

El Arzobispado ha vuelto a insistir en que, por su separación “libre y voluntaria”, las diez exreligisoas han sido excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, dejando de pertenecer a la comunidad de religiosas de Belorado y, por tanto, “no tienen ningún título legal para residir en el monasterio”. Si no lo abandonan voluntariamente “se procederá como en Derecho corresponda”, han afirmado.

Sin acceso y con videovigilancia

La Comisión Gestora ha negado las acusaciones, realizadas también en la entrevista por YouTube, de cambio de las cerraduras de los monasterios de Derio y Orduña, que pertenecen a la comunidad religiosa de Belorado, y ha recordado que Iceta es su representante legal y tiene “el derecho y el deber de visitarlos y acceder libremente”.

Según ha explicado, en su visita el 3 de julio al monasterio de Derio, el guardés permitió la entrada al apoderado del comisario pontificio, y se cambió una única cerradura para “disponer de libre acceso”; las exreligiosas han accedido por otra puerta y obstaculizado otros accesos, lo que está impidiendo al guardés acudir a su puesto de trabajo.

Además, ha afirmado que tienen constancia de que se ha facilitado el acceso a conocidos de las exreligiosas para que estén en el interior del monasterio de Derio, y que una zona tiene videovigilancia, que controla la exabadesa, Laura García de Viedma.

40.000 euros de facturas y nóminas solicitadas

En el comunicado, la comisión gestora ha vuelto a insistir en que la exabadesa no ha respondido a ninguna de las cinco peticiones de información económica y financiera de los monasterios, y solo ha remitido algunas facturas y nóminas pendientes de pago, que ascienden a 40.000 euros.

Con fondos cedidos por la Federación de Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu se ha procedido al pago de trabajadores y proveedores, “los más urgentes”, mientras se revisa con “detenimiento” todas las facturas que se han remitido.

Finalmente, el Arzobispado vuelve a manifestar su preocupación por las cinco monjas mayores, que no han sido excomulgadas, y ha insistido en que “en ningún momento han manifestado su voluntad de adherirse al cisma”.

Además, dada su situación personal que “les impide o dificulta expresar libremente su decisión” entiende el Arzobispado que “se mantienen al margen” y siguen dentro de la comunidad religiosa.