EpC: La suerte está echada. Hablemos de contenidos
Bueno, la suerte está echada, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre la asignatura “Educación para la Ciudadanía” y ha dicho que es obligatoria para todos los alumnos; o de otro modo, que no se admite la objeción de conciencia contra ella. Jurídicamente, vamos a conocer de inmediato sus argumentos, y si su decisión afecta también a los contenidos de la asignatura. Ya saben ustedes que el derecho es muy sutil en sus distinciones. Y también saben ustedes que cabe el recurso de los padres que no estén conformes, primero, ante el Constitucional, y en su caso, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Todo esto, en años, claro está.
La cuestión en principio es sencilla, pero de inmediato cobra una complejidad endiablada. Sencilla porque se trata de que el Parlamento aprueba una ley y el gobierno la desarrolla, por la que se introduce en el sistema de enseñanza una nueva asignatura que tiene como temática los principios y valores de un sistema democrático, y el conocimiento de los derechos y libertades fundamentales del ser humano, con las cuestiones que en ellos se plantean. Al ser éste su contenido, legal y ético a la vez, refrendado en principio por el artículo 27, 2 como derecho y deber del Estado, y coincidir con que las declaraciones internacionales y las constituciones democráticas proclaman que asiste a los padres el derecho a elegir una educación religiosa y moral de sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones 27, 3, se plantea un conflicto de difícil resolución.
Ya está claro por qué es una cuestión con una complejidad endiablada. Porque todos tienen un punto de razón y base jurídica en las constituciones democráticas para defender su parte. El Estado, apelando a una educación en el respeto a los principios, libertades y derechos humanos fundamentales; ¡para respetar e integrar, hay que conocerlos! (27, 2). Y los padres que protestan, puesto que la educación religiosa y moral de sus hijos debería ser conforme a sus convicciones, no pueden admitir que el Estado exija una asignatura con contenidos éticos que ellos no comparten.
Aquí hay una diferencia entre aquellos padres que no reconocen ninguna enseñanza moral desde el Estado, y por ende, se oponen a la asignatura en cuanto tal, y los que discutirían el contenido de los textos de la asignatura, para que se acomode a los derechos de todos, los del Estado, los de los padres y los de sus hijos. Los primeros ven al Estado como un adoctrinador de niños, manipulador de sus conciencias, y a la larga, con interés político en cambiar sus mentalidades y ganar un día sus votos. Y los segundos creen que es imposible hablar de valores, derechos y libertades fundamentales y evitar, a la vez, su dimensión moral o ética. Por tanto, para éstos, mejor acordar que los textos de la asignatura sean aceptables para los padres y respetuosos de sus convicciones morales.
Pero la complejidad endiablada es todavía mayor porque detrás de cada posición hay muchas diferencias en cuanto a las ideas, mucho conflicto político y al cabo, intereses sociales distintos.
En cuanto a las ideas es claro que los que impulsan la asignatura defienden que hay una moral civil común, no religiosa, no católica en nuestro caso, que debe reconocerse y enseñarse. Podemos pensar bien, y decir que esa moral civil común no va contra nadie, y podemos pensar mal y decir que va contra la católica, para sacarla de la vida cultural española. Voy a pensar bien.
En cuanto al conflicto político, las cosas se enredan más todavía porque mientras el PSOE lo defiende como un proyecto estrella y necesario para modernizar la conciencia ética del país, el PP lo considera un atropello a la libertad de conciencia y contrario a la amplia presencia de la moral católica entre los españoles. Los padres que se han pronunciado, pues la mayoría no ha dicho nada especial, se arriman a cada “partido” según sus convicciones morales se vean mejor refrendadas por unos o por otros. En general, lo objetores a la asignatura, como proceden del ámbito religioso y social del catolicismo, se muestran cercanos y mejor representados por el PP.
Sin embargo son asociaciones de padres cuyo vínculo más explícito no es la política, sino la moral católica y su voluntad de preservar a sus hijos de una enseñanza moral que ellos no comparten.
En cuanto al conflicto de intereses sociales no me refiero inicialmente a una lucha por los bienes materiales, sino directamente al empeño de unos y otros por extender y ganar a la sociedad para su forma de ver el sentido de la vida, sus reglas sociales, sus fundamentos éticos, sus libertades y derechos, su jerarquía interna, su orden social. Claro está, a nadie se le escapa que todo esto se traduce en unos resultados políticos, es decir, es más fácil o no disponer del poder social, político y cultural de una sociedad.
Yo quisiera decir, sin falsos concordimos, que hay mucha gente noble en ambos frentes. Con posturas plenamente tomadas y defendidas desde una conciencia del bien propio, pero también del bien común. Otros no, claro está. Gente muy honesta. Entonces, ¿por qué no es posible entenderse? Porque hay mucho equívoco en las ideas y más, si cabe, visceralidad ideológica en las posturas. No está reñida la idea de honestidad en lo que se pretende, con lo de “equívoco y visceralidad”.
Personalmente, no me parece mal que haya una asignatura como educación para la ciudadanía, con un temario y contenidos bien pactados. Pensar que se puede enseñar la Constitución en términos legales, y no entrar en ningún aspecto ético, es como estudiar la noche y no hablar de la luz. Así que es mucho más razonable acordar contenidos. Por otro lado, yo creo que, salvo excepciones, como las hay en religión o en filosofía, una es cosa es informar de los debates éticos de la sociedad, y otra adoctrinar en una respuesta moral concreta. No sé por qué pensamos que los profesores van a hacer esto. Desde luego, no más que en otras asignaturas ya vigentes.
De otro lado, la cuestión de que el Estado no es nadie para meterse en estos temas, en realidad, no es el Estado quien se mete, sino que la sociedad democrática, a través de su sistema de enseñanza, dispone una nueva asignatura. La mediación del Estado no es pura, pero de antemano no se pude despachar como si el Estado fuese un ente terrible que se nos impone desde fuera. No piensa así la doctrina social católica, y cito esta religión, por proceder de su seno la mayor parte de los adversarios. Entonces, muy atentos y críticos con lo que el Estado exija, sí, pero cerrados a él, como algo ajeno, no. Menos aún, cerrados o no al Estado, según nos guste más o menos el partido que lo gobierne.
Y aquí lo de la visceralidad ideológica. Los defensores a ultranza de la asignatura y los detractores más organizados coinciden en una cosa: sus respectivas ideologías las consideran imprescindibles para salvarnos a todos de la perdición; unos, porque España se pierde sin la moral natural y católica; y los otros, porque España nunca será mayor de edad sin expulsar la moral católica de la vida pública. Al actual gobierno socialista le gusta mucho impulsar propuestas “ideológicas” con mayorías democráticas, poco elaboradas, raquíticas se puede decir; a sus detractores les gusta mucha cuestionar esta democracia española, porque la gobiernan otros y no comparten en todo su moral natural. En ambos frentes coinciden ciudadanos con dificultades para convivir entre ellos, que hacen difícil la convivencia en cuanto tal, y, lo que es peor, con vocación de salvar a los demás ciudadanos de una supuesta minoría de edad moral.
No se dan cuenta de que la gente no quiere vanguardias que lo saben todo para los demás, “los ilustrados, las élites, los vigías por cuenta propia”, sino gente que razona en medio de todos y quiere llegar a acuerdos con los demás, sobre todo en el sistema educativo.
Porque ésta es otra, y para terminar, que nos enzarcemos en esta discusión sobre algo importante, el respeto en la educación moral, mientras dejamos de lado las advertencias de los mejores entre nosotros sobre los malos resultados que nuestro sistema de enseñanza logra y su lejanía de los requerimientos que tiene el país, y su economía, para desarrollarse de un modo más sólido y duradero en el futuro. Pero ésta, como digo, es otra cuestión.
Por tanto, y en cuanto a educación para la ciudadanía, ahí está la asignatura, y si es legal, pactemos contenidos acordes con la libertad de los padres y los centros, y caminemos tras un sistema educativo de calidad.
Lo de decirse unos a otros que están “adoctrinando”, ¡y hacerlo “doctrinariamente”!, es ridículo. Y por cierto, la asignatura en cuestión tendrá sobre la educación moral de los chicos y chicas mucha menos influencia que cualquier explicación sensata y vida honesta de unos buenos padres. Sin duda.
La cuestión en principio es sencilla, pero de inmediato cobra una complejidad endiablada. Sencilla porque se trata de que el Parlamento aprueba una ley y el gobierno la desarrolla, por la que se introduce en el sistema de enseñanza una nueva asignatura que tiene como temática los principios y valores de un sistema democrático, y el conocimiento de los derechos y libertades fundamentales del ser humano, con las cuestiones que en ellos se plantean. Al ser éste su contenido, legal y ético a la vez, refrendado en principio por el artículo 27, 2 como derecho y deber del Estado, y coincidir con que las declaraciones internacionales y las constituciones democráticas proclaman que asiste a los padres el derecho a elegir una educación religiosa y moral de sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones 27, 3, se plantea un conflicto de difícil resolución.
Ya está claro por qué es una cuestión con una complejidad endiablada. Porque todos tienen un punto de razón y base jurídica en las constituciones democráticas para defender su parte. El Estado, apelando a una educación en el respeto a los principios, libertades y derechos humanos fundamentales; ¡para respetar e integrar, hay que conocerlos! (27, 2). Y los padres que protestan, puesto que la educación religiosa y moral de sus hijos debería ser conforme a sus convicciones, no pueden admitir que el Estado exija una asignatura con contenidos éticos que ellos no comparten.
Aquí hay una diferencia entre aquellos padres que no reconocen ninguna enseñanza moral desde el Estado, y por ende, se oponen a la asignatura en cuanto tal, y los que discutirían el contenido de los textos de la asignatura, para que se acomode a los derechos de todos, los del Estado, los de los padres y los de sus hijos. Los primeros ven al Estado como un adoctrinador de niños, manipulador de sus conciencias, y a la larga, con interés político en cambiar sus mentalidades y ganar un día sus votos. Y los segundos creen que es imposible hablar de valores, derechos y libertades fundamentales y evitar, a la vez, su dimensión moral o ética. Por tanto, para éstos, mejor acordar que los textos de la asignatura sean aceptables para los padres y respetuosos de sus convicciones morales.
Pero la complejidad endiablada es todavía mayor porque detrás de cada posición hay muchas diferencias en cuanto a las ideas, mucho conflicto político y al cabo, intereses sociales distintos.
En cuanto a las ideas es claro que los que impulsan la asignatura defienden que hay una moral civil común, no religiosa, no católica en nuestro caso, que debe reconocerse y enseñarse. Podemos pensar bien, y decir que esa moral civil común no va contra nadie, y podemos pensar mal y decir que va contra la católica, para sacarla de la vida cultural española. Voy a pensar bien.
En cuanto al conflicto político, las cosas se enredan más todavía porque mientras el PSOE lo defiende como un proyecto estrella y necesario para modernizar la conciencia ética del país, el PP lo considera un atropello a la libertad de conciencia y contrario a la amplia presencia de la moral católica entre los españoles. Los padres que se han pronunciado, pues la mayoría no ha dicho nada especial, se arriman a cada “partido” según sus convicciones morales se vean mejor refrendadas por unos o por otros. En general, lo objetores a la asignatura, como proceden del ámbito religioso y social del catolicismo, se muestran cercanos y mejor representados por el PP.
Sin embargo son asociaciones de padres cuyo vínculo más explícito no es la política, sino la moral católica y su voluntad de preservar a sus hijos de una enseñanza moral que ellos no comparten.
En cuanto al conflicto de intereses sociales no me refiero inicialmente a una lucha por los bienes materiales, sino directamente al empeño de unos y otros por extender y ganar a la sociedad para su forma de ver el sentido de la vida, sus reglas sociales, sus fundamentos éticos, sus libertades y derechos, su jerarquía interna, su orden social. Claro está, a nadie se le escapa que todo esto se traduce en unos resultados políticos, es decir, es más fácil o no disponer del poder social, político y cultural de una sociedad.
Yo quisiera decir, sin falsos concordimos, que hay mucha gente noble en ambos frentes. Con posturas plenamente tomadas y defendidas desde una conciencia del bien propio, pero también del bien común. Otros no, claro está. Gente muy honesta. Entonces, ¿por qué no es posible entenderse? Porque hay mucho equívoco en las ideas y más, si cabe, visceralidad ideológica en las posturas. No está reñida la idea de honestidad en lo que se pretende, con lo de “equívoco y visceralidad”.
Personalmente, no me parece mal que haya una asignatura como educación para la ciudadanía, con un temario y contenidos bien pactados. Pensar que se puede enseñar la Constitución en términos legales, y no entrar en ningún aspecto ético, es como estudiar la noche y no hablar de la luz. Así que es mucho más razonable acordar contenidos. Por otro lado, yo creo que, salvo excepciones, como las hay en religión o en filosofía, una es cosa es informar de los debates éticos de la sociedad, y otra adoctrinar en una respuesta moral concreta. No sé por qué pensamos que los profesores van a hacer esto. Desde luego, no más que en otras asignaturas ya vigentes.
De otro lado, la cuestión de que el Estado no es nadie para meterse en estos temas, en realidad, no es el Estado quien se mete, sino que la sociedad democrática, a través de su sistema de enseñanza, dispone una nueva asignatura. La mediación del Estado no es pura, pero de antemano no se pude despachar como si el Estado fuese un ente terrible que se nos impone desde fuera. No piensa así la doctrina social católica, y cito esta religión, por proceder de su seno la mayor parte de los adversarios. Entonces, muy atentos y críticos con lo que el Estado exija, sí, pero cerrados a él, como algo ajeno, no. Menos aún, cerrados o no al Estado, según nos guste más o menos el partido que lo gobierne.
Y aquí lo de la visceralidad ideológica. Los defensores a ultranza de la asignatura y los detractores más organizados coinciden en una cosa: sus respectivas ideologías las consideran imprescindibles para salvarnos a todos de la perdición; unos, porque España se pierde sin la moral natural y católica; y los otros, porque España nunca será mayor de edad sin expulsar la moral católica de la vida pública. Al actual gobierno socialista le gusta mucho impulsar propuestas “ideológicas” con mayorías democráticas, poco elaboradas, raquíticas se puede decir; a sus detractores les gusta mucha cuestionar esta democracia española, porque la gobiernan otros y no comparten en todo su moral natural. En ambos frentes coinciden ciudadanos con dificultades para convivir entre ellos, que hacen difícil la convivencia en cuanto tal, y, lo que es peor, con vocación de salvar a los demás ciudadanos de una supuesta minoría de edad moral.
No se dan cuenta de que la gente no quiere vanguardias que lo saben todo para los demás, “los ilustrados, las élites, los vigías por cuenta propia”, sino gente que razona en medio de todos y quiere llegar a acuerdos con los demás, sobre todo en el sistema educativo.
Porque ésta es otra, y para terminar, que nos enzarcemos en esta discusión sobre algo importante, el respeto en la educación moral, mientras dejamos de lado las advertencias de los mejores entre nosotros sobre los malos resultados que nuestro sistema de enseñanza logra y su lejanía de los requerimientos que tiene el país, y su economía, para desarrollarse de un modo más sólido y duradero en el futuro. Pero ésta, como digo, es otra cuestión.
Por tanto, y en cuanto a educación para la ciudadanía, ahí está la asignatura, y si es legal, pactemos contenidos acordes con la libertad de los padres y los centros, y caminemos tras un sistema educativo de calidad.
Lo de decirse unos a otros que están “adoctrinando”, ¡y hacerlo “doctrinariamente”!, es ridículo. Y por cierto, la asignatura en cuestión tendrá sobre la educación moral de los chicos y chicas mucha menos influencia que cualquier explicación sensata y vida honesta de unos buenos padres. Sin duda.
