La propuesta es un "notable avance" que incluye el compromiso por el 0,7% Cáritas avala el Anteproyecto de Ley de Cooperación, pero reclama "compromisos más amplios" para lograr una sociedad más justa
La apuesta por cumplir con el 0,7% en 2030 y destinar el 10% a la acción humanitaria es un paso positivo que responde a los compromisos asumidos históricamente. También es muy positivo que los objetivos que contempla estén ligados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de derechos humanos y medioambiental
El anteproyecto es un buen punto de partida, pero los enormes retos globales que enfrentamos exigen medidas que garanticen que la acción exterior cumple la Agenda 2030 y respeta los derechos humanos y el planeta. Esta cuestión debe ser fortalecida por la Ley
El Gobierno y los partidos políticos tienen una oportunidad para construir una propuesta que esté a la altura de los desafíos globales actuales. Tienen la oportunidad de responder a una ciudadanía que demuestra sistemáticamente su compromiso con la cooperación
El papel de la sociedad civil (diversa y plural), tanto española como del Sur global, debe ser reconocido de manera específica. El texto no reconoce el papel de la ciudadanía y de las ONGD en la construcción histórica del sistema
| Cáritas Española
Cáritas Española comparte la valoración hecha pública por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo –de cuya Junta de Gobierno forma parte— sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación aprobada por el Consejo de Ministros del pasado martes 11 de enero.
Este es el análisis difundido por la Coordinadora:
Anteproyecto de la Ley de Cooperación:un paso importante que exige compromisos más amplios
La propuesta presentada supone un avance notable con respecto a la Ley del 98. Después de una década perdida para la cooperación, la apuesta por cumplir con el compromiso del 0,7% en 2030 es positiva. Ahora es necesario establecer una hoja de ruta clara en la que participen los distintos actores de la cooperación. Establecer tareas concretas y plazos es clave.
El anteproyecto es un buen punto de partida, pero los enormes retos globales que enfrentamos exigen medidas que garanticen que la acción exterior cumple la Agenda 2030 y respeta los derechos humanos y el planeta. Esta cuestión debe ser fortalecida por la Ley.
El sistema de cooperación vive una reforma integral. El anteproyecto presentado por el Gobierno es una pieza más de un amplio proceso que debe ser aprobado con el mayor consenso posible. La discusión que se realizará los próximos meses en el Congreso será una buena oportunidad para concretar la propuesta y garantizar que la cooperación sea una política de Estado que esté a la altura de los desafíos globales.
Tras una década perdida para la cooperación, el Gobierno y los partidos políticos tienen una oportunidad para construir una propuesta que esté a la altura de los desafíos globales actuales. Tienen la oportunidad de responder a una ciudadanía que demuestra sistemáticamente su compromiso con la cooperación. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para contar con una ley que permita que el país esté a la altura del contexto mundial actual.
La apuesta por cumplir con el 0,7% en 2030 y destinar el 10% a la acción humanitaria es un paso positivo que responde a los compromisos asumidos históricamente. También es muy positivo que los objetivos que contempla estén ligados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de derechos humanos y medioambiental.
El fortalecimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), con un estatuto propio y con un refuerzo de los recursos humanos es una cuestión que veníamos demandando desde hace tiempo. El refuerzo de la AECID es una buena noticia para el buen funcionamiento del sistema de cooperación.
Cuestiones clave que deben ser incluidas en la Ley
La tramitación de la Ley inicia un camino que exige concretar algunas cuestiones esenciales para garantizar que está a la altura de la situación mundial actual, que contribuye a la garantía de los derechos humanos y a la protección del planeta, y que demuestra la responsabilidad de España en el mundo.
- La Ley debe recoger con más claridad la necesidad de un cambio de enfoque a la hora de enfrentar los retos globales. Debe ser una ley realmente transformadora y eso pasa necesariamente por un enfoque feminista y ecologista y por la protección del espacio cívico (el derecho ciudadano a organizarse colectivamente para participar en los asuntos públicos).
- La cooperación debe ser el centro de la acción exterior y guiar el resto de políticas; la Ley debe promover la coherencia de todas las políticas con la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta.
- El papel de la sociedad civil (diversa y plural), tanto española como del Sur global, debe ser reconocido de manera específica. El texto no reconoce el papel de la ciudadanía y de las ONGD en la construcción histórica del sistema.
En un contexto mundial de regresión democrática, crecimiento de las desigualdades, el hambre o los conflictos, reiteramos nuestra disposición para construir, junto al Gobierno y los partidos políticos, una política de Estado que responda con rigor y eficacia a tales desafíos.
Madrid, 12 de enero de 2022.
