El actual proceso de reformas eclesiales que preside Francisco está dando mayor autonomía a las Conferencias Episcopales locales. Sabiendo esto, el oficialismo venezolano ha buscado, por diferentes vías, debilitar la credibilidad de la Iglesia. Ahora mismo promueve la idea de una división entre «un Papa de izquierda y unos obispos de derecha». Académicos, activistas y políticos de la oposición han caído, tristemente, en este juego, dándole mayor fuerza a la estrategia del gobierno. Uno de los críticos del Papa, el psicoanalista junguiano Axel Capriles, ha hablado de la guerra psicológica creada por el gobierno para generar «confusión, decepción, frustración y adaptación» en la población. Al final, terminamos convirtiendo a los aliados en adversarios cuando, en el fondo, a diferencia de otras estructuras de gobierno, la Institución eclesiástica nunca actúa de forma fragmentada, sino jerárquica y colegiadamente, con profunda interdependencia entre sus miembros y entidades.

Lilian Tintori, por ejemplo, ha variado su opinión en el tiempo de modo inexplicable, incluso contradiciéndose. En noviembre de 2016 fue recibida por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y le hizo llegar al Papa una solicitud de ayuda para promover en el país «elecciones, liberación de los presos políticos y apertura del canal humanitario». Declaró a los medios que «las palabras del Papa nos llegan al corazón porque hemos sido víctimas de la persecución, encarcelamientos injustos y crisis humanitaria». Curiosamente, durante su reciente viaje a Brasil, en mayo de 2017, en un tono irrespetuoso, declaró que «la posición del Papa es inaceptable», obviamente sin haberla sopesado. ¿Cuál es la posición del Papa Francisco? ¿es posible, en la Iglesia, que exista un número 2 por encima del número 1? Esta parece ser la tesis de algunos que han querido crear la falsa ilusión de una Iglesia dividida en tres posiciones: la del Papa, la del Cardenal Parolín y la de los Obispos venezolanos.

Hagamos un poco de memoria sobre los varios llamados públicos de Francisco en torno a la crisis venezolana. El 10 abril de 2014 hizo un fuerte reclamo a los líderes políticos por la violencia e instó a respetar la verdad y la justicia. Un año más tarde, el 1º de marzo de 2015, condenó la muerte de estudiantes que protestaban pacíficamente. Y fue en octubre de 2016 cuando aceptó la petición de facilitación que le hiciera la propia oposición nacional. El 2 de diciembre, a través de su secretario de Estado, el Cardenal Parolín, se dieron a conocer las condiciones que el Vaticano había puesto en el decurso de las conversaciones: «elecciones, restitución de la Asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos». La denuncia del Papa sobre el incumplimiento de estas condiciones por parte del gobierno llevó a la culminación del proceso de diálogo y a esto se refirió en su viaje de regreso de Egipto recientemente.

Ante la crueldad de la represión actual, el domingo 30 de abril en su mensaje Urbi et Orbe, Francisco difundió y cuestionó para el mundo «la situación en Venezuela, con numerosos muertos, heridos y detenidos»; abogó por los «derechos humanos» y exhortó a «soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que golpea a la población». Previamente se había reunido con Susana Malcorra, canciller argentina, para conseguir el pronunciamiento en bloque de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay sobre la crisis venezolana. ¿Qué ha sucedido después de esto? Algo que pocos han valorado: por primera vez en la historia de la Iglesia latinoamericana, todas las entidades locales y regionales han alineado su posición con la de la Conferencia Episcopal Venezolana reiterando, a su vez, las varias denuncias hechas por el Papa. Veamos a qué nos referimos.

El 31 de marzo pasado la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció ante la gravedad de los acontecimientos de violencia nacionales denunciando que para el gobierno «todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando las necesidades reales de la gente». Ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de eliminar la Asamblea Nacional y suplantarla «por una representación de los poderes Judicial y Ejecutivo», indicó el obispado que «no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas».

Al llamamiento episcopal, el 4 de abril pasado se sumó la voz de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela contra «la falta de autonomía entre los cinco poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano», y subrayó «la indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en el poder» en un contexto de «inminente dictadura». El camino inmediato para salir de la crisis, se lee en el documento, ha de pasar por el cumplimiento de tres exigencias: «respeto al Estado de derecho, separación de poderes, legitimidad del Parlamento».

Tres días más tarde, el 7 de abril, la Compañía de Jesús en Venezuela, a través de la revista SIC del Centro Gumilla, hizo pública su posición oficial: «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos», la cual se consuma, a juicio de los jesuitas, con «las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 28 y 29 de marzo que suponen un claro golpe de Estado y un desenmascaramiento definitivo del gobierno como una dictadura». Autoridades reconocidas en la teología de la liberación y la vida eclesial latinoamericana, como son los padres Pedro Trigo SJ y Luis Ugalde SJ, lo han corroborado. En un reciente artículo, Ugalde sostuvo que «la Sala Constitucional del TSJ puso en evidencia la ruptura del orden constitucional por una dictadura que viola los derechos humanos y la vigente constitución». Y añadió, en consonancia con la petición del Papa Francisco a través de su secretario de Estado, que la solución a la crisis actual del país pasa, necesariamente, por las siguientes condiciones: «Democracia con elecciones, liberación de todos los presos políticos, pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional, apertura a la ayuda humanitaria internacional y entierro de este modelo fracasado que atenta contra la vida de toda la población». Nada menos de lo que exige el bloque político de oposición.

Poco después de este pronunciamiento, el 16 de abril, el Papa jesuita llamó a los países latinoamericanos a buscar «soluciones pacíficas ante las controversias para la consolidación de las instituciones democráticas, en el pleno respeto del Estado de derecho». En este mensaje se refería al caso de Venezuela, cuyo Estado de derecho había sido violado como lo denunciara la propia fiscal de la nación, Luisa Ortega Díaz.

Con apenas días de diferencia, se han ido sumando las distintas Conferencias Episcopales Latinoamericanas. Entre ellas, el 21 de abril, la Conferencia Episcopal Panameña se solidarizó con la posición de los obispos venezolanos expresando que «la difícil situación del país cada vez se hace más insostenible». A este comunicado le siguió el de la Conferencia Episcopal Colombiana en pro de la labor de «obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos que en medio de dolorosas situaciones y privaciones, siguen trabajando por la defensa de los valores humanos». El día 26 de abril, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana declaró que «se trata de una situación donde “está muerta y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder, se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura”». A lo largo del mes de abril, se han solidarizado también, entre otras, las Conferencias Episcopales de Uruguay y Chile, así como la boliviana, que el 2 de mayo se pronunció en torno a «la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los derechos humanos» en Venezuela.

Otro ámbito de conciencia internacional se manifestó en el comunicado publicado por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. El 27 de abril pasado, unas treinta universidades de catorce países latinoamericanos expresaron su «condena a los actos de represión que el gobierno está ejerciendo sobre quienes legítimamente salen a las calles a manifestar su protesta ante esta situación». Todas las universidades jesuitas del continente se unieron para denunciar «la intolerancia a la discrepancia y la militarización de la sociedad», y demandaron «a todos nuestros gobiernos y organismos internacionales que defiendan el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el libre ejercicio de la ciudadanía en Venezuela».

La colegialidad solidaria que inspira al funcionamiento de la Iglesia Católica se manifestó, históricamente, entre el 9 y el 12 de mayo, cuando se celebró en San Salvador la XXXVI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano. Allí, todas las Iglesias locales de América Latina y el Caribe decidieron, unánimemente, tomar posición frente a la situación de nuestro país al observar que «se vuelve insostenible la falta de alimentación, la falta de medicinas y la falta de libertades». Tras la discusión se creó una Comisión de seguimiento de la situación sociopolítica y humanitaria venezolana. Es la primera vez que el conjunto de las Iglesias locales latinoamericanas se unen para levantar su voz en contra de lo que se vive sociopolíticamente en uno de sus países.

El Papa siempre ha sido coherente y ha actuado en comunión con las instancias eclesiásticas regionales. El intento soez del oficialismo por desprestigiarlo no puede tener eco en ningún otro sector sin infringir daño a la esperanza de retomar un camino democrático tan querido por Francisco. Su más reciente posición fue fijada el 13 de mayo cuando, poco antes de que oficiara la misa solemne en Fátima, su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín, «número dos» de Francisco, declaró nuevamente que «la solución para la grave crisis en Venezuela son las elecciones». Como es lógico, toda elección supone un cambio de gobierno o transición política. Por ello precisó, como ha dicho el Pontífice en repetidas ocasiones, que «se necesita mucha buena voluntad, empezando por el gobierno, que debe dar señales de que desea resolver la crisis y tener en cuenta el clamor del pueblo».

No nos dejemos robar la esperanza, no perdamos la fe en las personas e instituciones que están trabajando por un cambio. Francisco ha dicho que «las ideologías terminan mal, no sirven, las ideologías tienen una relación incompleta, enferma o mala con el pueblo porque no asumen al pueblo» (Paraguay, 2015). Para la Iglesia el servicio no pasa por lo ideológico, porque su único interés son las personas.